A cara de perro

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tratará la desaparición de Maldonado en la audiencia prevista para 23 de octubre en Montevideo, que reunirá a los abogados de la familia y los funcionarios nacionales. El presidente del organismo, Francisco Eguiguren, advirtió que “estamos ante una situación de emergencia grave, que hay que esclarecer”.

 lunes, 9-octubre-2017

La ministra de Seguridad deberá explicar a la CIDH qué ha hecho para encontrar a Santiago Maldonado.


Mientras Patricia Bullrich busca erosionar a la ONU acusándola de “parcialidad” en el caso Maldonado y de Milagro Sala, la CIDH reclamó a través de su presidente una pronta respuesta por la desaparición del joven después de haber concedido “un tiempo prudente para que la investigación avance”.

Para escuchar los argumentos sin intermediarios, Eguiguren entrevistará el próximo 23 de octubre en Montevideo a los funcionarios nacionales y a la familia Maldonado, con el objetivo de conocer “el estado de seguimiento y cumplimiento de la cautelar” otorgada el 22 de agosto para la protección de los derechos de Santiago, en la que el organismo concluyó que los derechos a la vida e integridad personal del joven de 28 años estaban “en una situación de grave riesgo”.

En diálogo con Radio 10, el funcionario regional advirtió que “el tiempo transcurre y se espera que, a partir de la cautelar, nos envíen información más concreta”, y adelantó que la reunión en Montevideo será una oportunidad “para reunirse más de frente y formar una opinión más clara” sobre las acciones que desarrollaron desde el gobierno para encontrar a Maldonado.

Eguiguren también cuestionó el rol del Estado nacional respecto de Milagro Sala y reclamó que Argentina cumpla con la medida cautelar de la CIDH. “Nos alarma mucho el retorno de Sala al penal”, dijo, en referencia a la revocación de la detención domiciliaria dispuesta por la Justicia. “Tienen que darle cumplimiento a nuestra cautelar, que fue sustentada con argumentos jurídicos”, agregó, al tiempo que recordó que el Estado argentino puso “en riesgo la “estabilidad emocional y la vida” de la dirigente de Túpac Amaru.