A rodar y a pagar

26
noviembre
2021

A rodar y a pagar

Quienes son propietarios de casas rodantes y tráileres vienen solicitando la prórroga por dos años del trámite de certificación que establece la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para poder circular y que venció a principio de mes.

Desde la Asociación de Rodanteros Argentinos denunciaron que el Estado exige una serie de reformas y una homologación que suman en total unos 400 mil pesos. Teniendo en cuenta que la disposición afecta a unos 500 mil vehículos, la recaudación es millonaria.

Si bien no se oponen al control y regulación de las unidades, señalaron que no se los tomó en cuenta al momento de decidir la medida, como tampoco se puso en consideración los años de pérdida económica producto de la pandemia.

Pago no tan fácil

Nadie se salvó de la pandemia. La crisis económica afectó a la mayoría de las actividades de una u otra manera.

Tal es el caso de los propietarios/as de casas rodantes, motor home, tráileres, acoplados y pequeñas embarcaciones deportivas. Los casi dos años de parálisis significaron un golpe muy fuerte para quienes trabajan y/o están acostumbrados a circular.

A la delicada situación de la actividad, se le sumó el trámite de certificación de ese tipo de vehículos que prevé la Ley de Tránsito y Seguridad Vial Nº 24.449 y cuya fecha límite era el 1 de noviembre del año en curso.

Si bien el gobierno nacional extendió la prórroga hasta abril del 2022 para las unidades comprendidas en la categoría O1 – remolques  cuyo peso máximo es menor o igual a 750 kg –  desde la Asociación de Rodanteros Argentinos están solicitando que se extienda por dos años más.

“Entre las reformas y el trámite de homologación, tenemos gastos de 400 mil pesos cada uno”

Pablo Calegari, de A.R.A

Presentar la factura de compra del vehículo – algo complejo porque muchas veces son modelos de la década del ’80 – colocar frenos eléctricos, cambiar la tortuga y colocar luces reglamentarias – entre otras adecuaciones – representa unos 300 mil pesos.

Los 100 mil pesos restantes corresponden sólo a la homologación.

Frente a tamaña cifra, los rodanteros reclaman que sea el Estado el que proponga créditos a tasa cero para poder afrontar el gasto.

Según lo que denunciaron, los fabricantes vendieron los vehículos sin homologar y sin las reformas necesarias como resultado de la falta de control y fiscalización estatal.

A su vez, desde ARA señalaron que muchos de esos productores son también los propietarios de los talleres que establecieron los organismos oficiales como centros de certificación vehicular.

De acuerdo a lo que denunciaron, es un rubro que está monopolizado y mal distribuido en el territorio nacional. Son escasos los talleres habilitados para realizar la verificación, por lo que los usuarios terminan presos de un sistema pésimamente administrado.

Sin ir más lejos, en Córdoba solo estaban autorizados dos lugares hasta la semana pasada: uno en Río Cuarto y otro en Oliva.

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Hacer circular el reclamo

A raíz de la injusta situación, los rodanteros realizarán una marcha mañana sábado 27 de noviembre a partir de las 14 horas en distintos puntos del país.

El Obelisco, la ciudad de La Plata y algunas zonas del conurbano bonaerense serán el escenario de protesta.

En Córdoba, la caravana partirá de Av. Spilimbergo y Circunvalación hasta Ciudad Universitaria. Ya confirmaron 50 vehículos rodantes de diferentes localidades del interior de la provincia. Calculan una fila de 500 metros de largo.

La promulgación de la ley no solo afecta a quienes viajan en casas rodantes y motor home.

“También abarca a las personas que trabajan con sus tráileres y a los que trasladan lanchas o embarcaciones deportivas””

César, rodantero de Córdoba

Además de la prórroga por dos años, demandan la no retroactividad antes del 2018 y que el Estado los convoque a una mesa de diálogo para consensuar la disposición. Según relató Calegari, solo fueron invitados los fabricantes.

Según detalló, los rodanteros fueron compradores de buena fe y no pudieron decir ni hacer nada ante la legislación.

Otro de los puntos que reclaman está relacionado con los efectos colaterales que provoca una certificación tan onerosa.

Si los propietarios/as de las casas rodantes, tráileres y demás remolques no pueden circular, saldrán perjudicados campings, clubes deportivos y demás emprendimientos vinculados con el mundo de los rodanteros.

También impactará sobre las economías regionales que reciben cada año a estos visitantes que eligen alejarse de las grandes urbes y prefieren estacionarse en los pequeños pueblos.

Con un total de 500 mil vehículos afectados, la demanda del sector no representa algo menor.

Por otra parte, remarcaron la importancia de respetar y mantener el espíritu rodantero y la forma de vida amigable con el medio ambiente. Durante la pandemia, tener una casa rodante le permitió a muchas personas continuar con su turismo gasolero, manteniendo su propia burbuja y evitando el circuito hotelero-gastronómico.

Para los rodanteros, el error del Estado fue y es no fiscalizar ni controlar a las empresas fabricantes de los vehículos. Debido a esto, consideran que la deuda debe ser saldada ofreciéndoles un respiro para el pago de la homologación y, al mismo tiempo, facilitando la financiación del trámite.

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