Agua amarga

El contrato de la Coopi con el municipio de Carlos Paz para la prestación del servicio de agua potable expiró y, esta vez, el intendente Avilés decidió no renovarlo. Sin explicaciones, la gestión municipal dejaría sin su principal actividad a una empresa de la economía solidaria, condenándola a la desaparición.

Quien debe decidir sobre esta cuestión es el Concejo de Representantes (el Concejo Deliberante carlospacense, digamos). En un comienzo, el intendente Esteban Avilés intentó por esa vía, pero su bloque se desarmó y no logró aprobarlo, ya que necesita dos tercios de los votos y no tiene mayoría. Entonces firmó un decreto, a partir del cual se estableció como fecha para el traspaso el 28 de febrero. Ese decreto fue trabado con un amparo interpuesto por la Coopi argumentando que el decreto era inconstitucional. Ahora, luego de una primera instancia favorable a la cooperativa, el caso llegó al Tribunal Supremo de Justicia y podría terminar en la Corte Suprema.

“Hay una desviación de poder por un capricho político”, dijo Miguel Rodríguez Villafañe, abogado de la Coopi.

Si se da lo que quiere el gobierno municipal, se podrían desencadenar muchos problemas para los cuales, hasta ahora, la Municipalidad no ha pensado solución: en la Coopi hay 210 trabajadores que no podrían ser incorporados a la planta permanente de la Municipalidad, porque la planta orgánica exige concurso. Además, la comuna tiene 300 empleados de planta y 1000 contratados, que pondrían el grito en el cielo ya que reclaman hace tiempo la incorporación a planta. “Está en juego la supervivencia de una obra de la economía solidaria que lleva 54 años”, afirmó Rodríguez Villafañe.

Ahora, la pelota la tiene el municipio de Carlos Paz, que debe responder el recurso presentado por la Coopi y luego el TSJ resolverá si acepta que sea la Corte Suprema de Justicia quien resuelva en este caso.

“El abuelo del intendente fue uno de los fundadores de la cooperativa. La madre presidió la convención que hizo la Carta Orgánica, que dice que hay que privilegiar a la cooperativa. El abuelo la fundó, la madre la empoderó y el hijo pretende matarla”.

Miguel Rodríguez Villafañe, abogado de la Coopi

Los municipios vecinos, preocupados

Mayu Sumaj, Cuesta Blanca, San Antonio de Arredondo y Capilla Vieja miran de reojo la situación. A sus vecinos también les presta el servicio de agua la Coopi y, si Carlos Paz se queda con el servicio, no saben qué pasará con ellos. La otra particularidad es que la planta potabilizadora está en Cuesta Blanca, lo que requeriría un acuerdo entre las comunas. Un acuerdo que todavía no fue previsto. Una más, vinculado al tema cloacas (otro servicio que hasta ahora presta la Coopi): de acuerdo a una ley provincial firmada por los municipios de la Cuenca del Lago San Roque, son las cooperativas las que deben ocuparse del saneamiento del lago.

Los otros servicios también peligran

La cooperativa presta otros servicios, pero su sostén económico es el servicio de agua. Si perdiera este último, los otros serían inviables: propuestas culturales, banco de sangre, etc. desaparecerían junto con la Coopi. Además, el municipio no hizo previsiones respecto a la tasación de los bienes de la cooperativa, por los cuales deberían indemnizarla.

La tarifa del agua estuvo congelada -por decisión del municipio- desde agosto de 2015. Ahora, aprobó un aumento del 68 por ciento y en la cooperativa sospechan que es para endilgarles la suba y luego, una vez asumido el servicio, hacer una rebaja. Eso sería probable gracias a que el municipio tiene menos obligaciones impositivas. Por ahora, el traspaso está trabado. Pero hay un montón de preguntas flotando en el aire que carecen de respuestas.