“Al gobierno de Macri le gustaba interferir en la acción de la Justicia”

Mario Cimadevilla, ex titular de la oficina que colaboraba con la investigación del atentado contra la Amia, denunció los aprietes y maniobras que ejecutaron desde el poder ejecutivo durante el gobierno de Mauricio Macri para evitar el enjuiciamiento de los fiscales amigos del presidente.

 viernes, 29-mayo-2020

El ex titular de la Unidad Amia denunció los aprietes del ministro de Justicia, Germán Garavano para que no se acusara de encubrimiento a los fiscales amigos de Mauricio Macri.


El escándalo de las escuchas ilegales durante el gobierno de Cambiemos es apenas la punta de un iceberg que se hunde en una trama que de a poco comienza a salir a la luz. Una parte de esa red de maniobras e influencias en la justicia, abonada por los servicios de inteligencia y las intrigas de espionaje, tomó notoriedad luego de que se publicara el audio que la ex presidenta Gabriela Michetti le envió a Mario Cimadevilla cuando éste era el titular de la oficina que colaboraba con la investigación del encubrimiento del atentado a la Amia. Allí, Michetti interpela al funcionario, ex legislador radical por Chubut, para que le de explicaciones sobre el mal momento que pasó el fiscal José Barbaccia durante la indacatoria.

“Escuchame una cosa, estoy acá enterándome de que fue muy mal la indagatoria de José (Barbaccia), y que el tema ha pasado a vos, pero que no… que no estás actuando como nos dijiste. ¿Me podrás explicar?”, lo increma la por entonces presidenta del Senado. Sin embargo, Cimadevilla asegura que ese apriete no es lo más grave que pasó durante su paso por la gestión en la investigación del atentado. En una entrevista con Nada del Otro Mundo, el radical subraya que sus “diferencias” con el gobierno de Mauricio Macri respecto a la causa del encubrimiento del atentado son bastante más profundas y graves.

“En la investigación se buscaba mostrar la resposabilidad del (ex juez Juan José) Galeano, de (los fiscales Eamon) Mullen, (José) Barbaccia, el ex jefe de inteligencia (Hugo) Anzorreguy y del presidente (Carlos) Menem”, relata Cimadevilla. “Minetras estuvimos al frente de la unidad, dos eran las responsabilidades más importantes: una era colaborar con la investigación del atentado, y otra era ser querellantes en representación del Estado en una causa donde se investigaba la responsabilidad del juez que había comenzado con la investigación, que era Galeano”, dice y recuerda que durante la investigación, los servicios de inteligencia pagaron 400.000 dólares a Carlos Telleldín para “plantar pruebas falsas en la investigación, “con el consentimiento de Galeano, Anzorreguy, Menem y los fiscales Barbaccia y Mullen”, agrega.

“A medida que avanzaba la querella, los abogados comenzaron a sufrir acosos de parte de funcionarios como el propio Garavano, como decirles ‘no podés preguntar esto’, ‘a este no lo interrogues’, ‘no hay que tener un rol tan activo’, diferentes acosos”, enumera el ex legislador y agrega que al principio eran hombres de Garavano, “instruidos por él para hacer este tipo de maniobras”. “Tratamos de continuar con nuestra tarea a pesar de estas interferencias, motivó diferentes charlas con el ministro para que no las hubiera, pero continuaban. De manera tal que una de las abogadas, la doctora (Mariana) Stilman, que hoy es diputada nacional por la Coalición Cívica, decidió no concurrir más a las audiencias, lo que causó que la doctora (Elisa) Carrió hiciera una presentación ante la Oficina Anticorrupción denunciando estas cuestiones”, dice y cuenta que a medida que se acercaba la fecha de los alegatos finales, cuando las partes piden la absolución o la condena, las presiones se fueron incrementando “y ya con total descaro era el ministro en persona el que decía que no se debía acusar a los fiscales y cuando se les preguntaba cuáles eran las razones porque no había elementos para pedir la absolución, decía que era porque eran amigos de él o del presidente”, señala Cimadevilla.

En ese contexto, Michetti le envió el audio que destapó el escándalo. “Cuando se acercaba la fecha de los alegatos, el ministro (Garavano) nos pide por escrito lo que íbamos a decir en la audiencia y cuando lee que íbamos a pedir la acusación de todos, procede a revocar el poder a los abogados que estaban asistiendo a las audiencias de la querella, empoderar a otros abogados y pedir la absolución de los imputados, que después terminaron condenados”, cuenta y agrega que ahí fue cuando decidió presentarse a denunciar ante la justicia lo que estaba pasando. “Hicimos una denuncia penal como consecuencia de que en la audiencia de los alegatos, los abogados de las otras querellas comenzaron a hablar, ante el cambio de actitud que había tenido el Estado frente a los imputados, de la comisión de ilícitos, y desconociendo lo que pasaba internamente en el ministerio, esos ilícitos que señalaban de cambiar los criterios de acusar por absolver, me los imputaban a mí. Frente a esta imputación, me present+e ante la justicia, hice un relato de los hechos y pedí que se investigara no solo a Garavano y sus colaboradores, sino a mí también”.

Según Cimadevilla, este “entorpecimiento en la investigación, este interés que se pone de manifiesto que había un gobierno que pensaba y que tomaba como algo normal que desde el poder político se podían maniobrar las causas para que los resultados judiciales no digan lo que las pruebas decían sino lo que al poder político le convenía”, señala. “Esta interferencia del poder político en las decisiones judiciales es lo reprochable y lo que al menos en la Unidad Amia no permitimos, que el poder político tratara de interferir, desviar investigaciones o conseguir favores de los jueces por solo ser amigos del poder político”.

“Creo que lo más grave no es el audio, porque de último lo que decía la vicepresidenta era su interés por un amigo de ella que estaba procesado, más allá de lo inapropiado de la llamada. Pero en el medio lo grave era que hubo disposiciones y resoluciones ministeriales, decretos del poder ejecutivo tratando de interferir o generando condiciones para interferir en la investigación, que es mucho más grave”, describe. “Al poder político le ha gustado que los jueecs en la Argentina dejen de ser jueces de la ley o la Constitución para constituirse en jueces del poder. Hay muchos jueces que se sienten más cómodos siendo jueces del poder y este vicio que hemos tenido en la Argentina es un apego que al gobierno de (Mauricio) Macri le gustaba hacer, le gustaba interferir en la acción de la justicia y de hecho lo hemos sufrido en la causa Amia”.