Alerta roja en Sierras Chicas

A cuatro años de las inundaciones que dejaron 9 muertos, 2 mil viviendas afectadas y millonarios daños económicos en comercios e industrias, funcionarios municipales y provinciales siguen aprobando urbanizaciones que arrasan con bosque nativo categorizado de máxima conservación por leyes provinciales y nacionales, indispensables para absorber el agua. Vecinos de Candonga se movilizarán a Tribunales para reclamar el juicio de Raúl Costa, ex secretario de Ambiente acusado por la Fiscalía Anticorrupción por aprobar un loteo en esa zona, y ampliar las denuncias contra un gerente del Ersep, el ministro López y el actual secretario ambiental, Javier Britch. En tanto, en Unquillo, se manifestarán por la reciente aprobación del loteo El Montecito.

 viernes, 15-febrero-2019


Por Camilo Ratti

El 15 de febrero de 2015 llovieron más de 200 milímetros a lo largo de 22 horas en toda la zona de Sierras Chicas, provocando una catástrofe ambiental y humanitaria que terminó con la vida de 9 personas, 2 mil viviendas afectadas, millonarios daños económicos en comercios de Río Ceballos, Unquillo, Mendiolaza y Villa Allende, además de la destrucción de calles, rutas, puentes, vados y alumbrado público.

Para los expertos ambientales, la falta de un ordenamiento territorial que regule y planifique la urbanización de la segunda región en el país que más creció poblacionalmente en los últimos 30 años, dio vía libre a una política de desmonte por parte de desarrollistas privados que arrasó con el 90% de bosque nativo del corredor de Sierras Chicas que va desde Villa Allende-Saldán-La Calera hasta Ascochinga, pasando por Mendiolaza, Unquillo, Río Ceballos, Salsipuedes, Agua de Oro y La Granja.

De 39 mil habitantes que había en la década de 1970 se pasó a más de 140 mil en 2010, cuando se realizó el último censo nacional, cifra que se multiplicará cuando se realice el próximo en 2020. Sin embargo, aquel drama que hace cuatro años conmovió al país puede volver a pasar si los gobiernos municipales y la Provincia siguen habilitando loteos en zonas que la ley provincial 9814 y nacional 26331 clasifican como Zona Roja, categoría 1 de máxima conservación. Lo que quiere decir que no se puede cambiar el uso del suelo para aprobar urbanizaciones, sólo permitidas en zonas de categoría verde o III.

los efectos del desmonte en las inundaciones

Los desmontes en las zonas altas de las Sierras Chicas fueron una de las razones que explicaron las inundaciones del 2015.

Uno de esos casos emblemáticos es el que denuncia la Asamblea de Vecinos de Chavascate por lo que ocurre en Candonga. En esa zona, la empresa Ticupil S.A puso en marcha en 2010 un emprendimiento para construir 370 viviendas en la cuenta alta del Río Chavascate, que provee de agua a Agua de Oro, El Manzano y Cerro Azul. A través de la resolución 1200, el entonces secretario de Ambiente de la Provincia, Raúl Costa, autorizó un proyecto que pasa al costado de la capilla de Candonga, declarada Monumento Nacional, violando también la legislación que protege este tipo de construcciones históricas.

Además, la Asamblea presentó un amparo en la justicia porque el emprendimiento está dentro de la zona roja protegida por ley 9814 y por ley 26.331, donde no se puede modificar el uso del suelo. Incluso la Ley General del Ambiente de Córdoba (10208) establece que cualquier emprendimiento de más de 3 hectáreas -aunque no esté dentro de la Zona Roja-, necesita Estudio de Impacto Ambiental y Audiencia Pública, “algo que nunca se hizo y se le dio a la empresa licencia ambiental”, explica a este portal Juan Smith, uno de los abogados de la Asamblea.

Como el juez Sartori de Jesús María rechazó el amparo, los vecinos apelaron y la Cámara Cuarta de Apelación dijo que solo podían hacerse obras de conservación y no de ejecución del Emprendimiento. Hoy ese expediente está suspendido por los próximos seis meses, luego de que la Cámara le corriera vista a la fiscal el pasado 10 de diciembre.

En paralelo, los vecinos denunciaron penalmente a Costa en el 2013 por “Incumplimiento de Deberes de Funcionario”. El fiscal en lo Penal y Económico, Matías Bornancini, lo imputó por Abuso de Autoridad y pidió la elevación a juicio del funcionario el 30 de agosto del 2018. Los argumentos fueron que la autorización a Ticupil no respetaba “presupuestos mínimos de protección referidas y de la ley provincial 9814”, que prohíbe el desmonte en el área que “en el Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo Provincial hubiere sido categorizada como roja (ó categoría I)”.

Para el fiscal, la conversión a otros usos del suelo y el consiguiente reemplazo del bosque nativo por otro tipo de ambiente “sólo podía permitirse en las áreas categorizadas como zona verde o categoría III, sin que correspondiera a la empresa proponente ni a la autoridad de aplicación, modificar la categorización efectuada por el régimen protectorio”. Además, la autoridad de aplicación -Secretaría de Ambiente- “no convocó a la Audiencia Pública a pesar de estar expresamente prevista y de ser obligatoria, además de no haber tenido en cuenta que es zona roja”.

Este pedido de juicio se encuentra a disposición del Juez de Control Díaz Reyna, quien hasta el momento no se expidió.

no se cumplen las leyes ambientales

Resulta inaudito que el Estado no haga cumplir las leyes provinciales y nacionales que protegen el bosque nativo.

¿El Ersep, para quién juega?

En contra de las propias leyes provinciales, en enero de 2017 la gerencia de Energía del Ente Regulador de los Servicios Públicos, a cargo de Christian Miotti, dictó las Resoluciones 57/2017 y 58/2017, que autorizaron las obras de energía para el loteo de Ticupil S.A. y otra de Junta de los Río S.A. Los vecinos presentaron un nuevo amparo contra el Ersep, que cayó en la Cámara Contencioso Administrativo de Primera Nominación.

A través de una medida cautelar, la justicia frenó las obras de energía porque, al igual que en el caso del loteo, se avanzaba sobre zona roja protegida por la legislación provincial y nacional, porque no se realizaron ni Estudio de Impacto Ambiental ni Audiencia Pública. Además, el cableado pasaba a metros de la Capilla Nuestra Señora del Rosario de Candonga, que es Monumento Histórico Nacional. Ese soterramiento viola la Ley General de Ambiente de la Provincia que establece que cualquier obra que se haga en lugares donde existan monumentos históricos nacionales debe, obligatoriamente, hacerse Estudio de Impacto Ambiental con Audiencia Pública.

efecto ticupil en candonga

Las imágenes satelitales muestran los efectos devastadores del desmonte para urbanizar en esta zona de Candonga

Ticupil pidió el levantamiento de la medida cautelar y la Cámara se la concedió. Los vecinos volvieron a apelar y la justicia falló a su favor, pero sin efectos suspensivos. Al oponerse a una medida que no frenaba las obras, la apelación está hoy en el Tribunal Superior de Justicia, que deber resolver el caso.

La Asamblea envió además cartas documentos y otros escritos al ministro de Servicios Públicos y Ambiente provincial, Fabián López y al actual Secretario de Ambiente, Javier Britch, intimándolos a que dicten la caducidad de las resoluciones y ordenen administrativamente paralizar las obras civiles.

Como nunca obtuvieron respuesta, los vecinos se presentarán este viernes 15 de febrero en Tribunales II para ampliar la denuncia penal que le hicieran a Miotti, sumando a la fiscalía la documentación enviada y nunca contestada por López y Britch, además de reclamar el avance del juicio contra Costa, el ex secretario de Ambiente provincial que en 2010 autorizó el loteo de Ticupil en Candonga.

iglesia de candonga

El soterramiento de cables pasa por el costado de la iglesia de Candonga, violando las leyes que protegen estos monumentos históricos.

Unquillo, en alerta y movilización

A pesar del masivo rechazo expresado por la comunidad en la Audiencia Pública realizada en septiembre pasado contra el proyecto El Montecito, la Municipalidad de Unquillo sigue sin retirar la prefactibilidad de un loteo de más de casi 700 terrenos en un predio de 125 hectáreas, de las cuales 91,5 están protegidas como Zona Roja la ley de Ordenamiento Territorial 9814, incluidas en el mapa satelital elaborado por técnicos de la Secretaría de Ambiente de Córdoba.

A fines de diciembre, el proyecto inmobiliario Urbanización El Montecito, que desarrollaría el fideicomiso El Cigarral en caso de ser finalmente aprobado, obtuvo la licencia ambiental de la Secretaría de Ambiente provincial y sólo necesita la factibilidad definitiva de las autoridades de Unquillo para arrancar las obras. El mismo implicaría el desmonte de 70 hectáreas, contiguas a los barrios de Unquillo y Mendiolaza más afectados por las inundaciones de 2015: El Cigarral, Km 16 y Fonavi.

El argumento de la empresa, avalado por el gobierno de Unquillo y la Provincia, es que se urbanizarían 70 hectáreas, dejando otras 55 como reserva verde que “conservarían la mejor parte del bosque”. La Asamblea del Monte de Unquillo resiste esa decisión y le reclama al intendente Fabrissín que cumpla con lo que había dicho en la campaña electoral: que no iba a aprobar el loteo si éste era “ilegal”. La letra de las leyes ambientales de Córdoba y de la Nación son clarísimas y contundentes al respecto.

“El loteo es ilegal puesto que se emplaza, en su mayor parte, en bosque nativo con Categoría de Protección I, es decir, Zona Roja. Según consta en un informe de 2014 incluido en el expediente del loteo en la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia, 91,5 hectáreas de las 125 que comprende el predio corresponden a Zona Roja de acuerdo al mapa de la Ley 9814, que establece en esa zona no se puede autorizar el cambio de uso de suelo, no está permitido construir ni desmontar”, explica a este portal Cecilia Michelazo, integrante de la Asamblea del Monte de Unquillo, que convoca para este viernes a un festival para recordar las inundaciones del 2015 y resistir este proyecto de urbanización.

Para que se apruebe el proyecto, la empresa utiliza otro mapa, donde solo 55 de las 125 hectáreas corresponden a zona roja. Las demás están extrañamente clasificadas “sin cobertura de bosque”. “Esa documentación contraría lo que dice la ley, las vistas satelitales, el relevamiento del terreno y de la vegetación encargado por la misma empresa en 2011 y que forma parte del expediente”, responden desde la Asamblea.

Además de que impermeabilizaría terrenos en pendientes que necesitan bosque para absorber agua de lluvia que nutre la cuenca y amortiguar las correntadas ante posibles inundaciones, el loteo también implicaría modificar códigos de edificación porque los terrenos serían menores a los permitidos en Unquillo y habilitaría la figura de barrio cerrado o privado, algo que no están permitido porque no contribuye a “un desarrollo equilibrado y socialmente integrado”.

inundaciones sierras chicas 2015

El agua arrasó con viviendas, comercios e infraestructura vial producto de la falta de planificación urbana.

Justicia ya

Luego de la Audiencia Pública donde una mayoría abrumadora de la comunidad local se manifestó en contra de la avanzada empresaria (los desarrollistas se anotaron, cuando es una instancia para que se exprese la población afectada), en septiembre pasado los vecinos denunciaron penalmente en la Fiscalía Anticorrupción al Ingeniero Santiago Gerardo Martínez por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que como Jefe del Área Bosques de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba, emitió dictámenes técnicos favorables al proyecto inmobiliario “El Montecito”, concluyendo que desde su área no veía impedimento en que se realizara, puesto que preservaba “gran parte del bosque”.

El 8 de octubre ampliaron la denuncia al actual Intendente de Unquillo, Jorge Fabrissin, a su antecesor, Germán Jalil, a 6 concejales actuales y dos ex concejales, por los mismos delitos, por otorgar prefactibilidad de localización al proyecto inmobiliario en clara infracción a la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, 9814 y la Ley Nacional 26331.

“Dada la ilegalidad sumada a la ilegitimidad de este proyecto, y al daño que ocasionaría a la población, la Asamblea del Monte de Unquillo está reclamando al Ejecutivo y al Concejo Deliberante de Unquillo que retiren la prefactibilidad otorgada en 2016 y archiven definitivamente este proyecto”, reclaman los vecinos.

Depredadores seriales

Otro caso paradigmático de desprecio por el bosque nativo y el ecosistema fue el emprendimiento en Mendiolaza de El Terrón, de la poderosa e influyente familia Tagle. Un loteo gigantesco con cancha de golf incluida en una zona con gravísimos problemas de agua potable. A pesar de ello, la Secretaría de Ambiente aprobó en 2013 la primera etapa a condición de un estricto cumplimiento de un plan de reforestación del proyecto.

Tres años después la Policía Ambiental constató el desmonte de áreas no autorizadas y el movimiento de suelo para la segunda etapa de El Terrón, además del incumplimiento del plan de reforestación propuesto en 2013. A raíz de esto, se clausuró la segunda etapa y se caratuló de infractores forestales a las hermanas Etienot y al mismo Tagle, al que exigieron un nuevo plan de reforestación. Algo que no ocurrió: Policía Ambiental constató su incumplimiento, y en 2017 labró un acta en el que determina que dicho plan no ha comenzado.

La respuesta de la Secretaría de Ambiente fue exigirle un nuevo plan de reforestación y remediación para la etapa clausurada y la permitida, en tanto se le exigió la restauración para la primera etapa. En tanto, hay una causa judicial abierta por un amparo presentado en noviembre del 2017 por la Asociaicón Civil Mendiolaza Viva, en la que un grupo de vecinos piden la suspensión inmediata de obras, el análisis de la aprobación de la Evaluación de Impacto Ambiental, y la reparación de los daños ambientales producidos. Reclamo que hasta el momento no ha sido contestado por la justicia.

Aunque una parte importante del daño ya está hecho porque hace décadas que toda la zona de Sierras Chicas creció sin planificación estatal, poner un freno al negocio inmobiliario es urgente. “No se debe lotear más, lo que ya está hecho es difícil volver atrás, pero hay que luchar para frenar estos emprendimientos, sobre todo los que están en las partes altas de la montaña, donde nacen las cuencas, como el de Candonga, El Montecito. Y la manera de hacerlo es con la comunidad movilizada y organizada en el territorio”, advierte Sergio Chiavazza, ingeniero agrónomo que integra un equipo de investigación del Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, que viene estudiando desde el 2008 la problemática de Sierras Chicas.

En una provincia que sólo conserva el 3% del bosque nativo que tenía hace un siglo, Municipios, Provincia y el Poder Judicial sólo tienen que hacer cumplir las leyes que lo protegen de la voracidad empresaria. Y rogar, claro, que no vuelva a llover como en el 2015.