“Esto es un estadio superior del modelo represivo”

Un policía asesinó a una menor de 17 años que no lo dejó pasar a su casa porque los efectivos no tenían orden de allanamiento. Hay ocho agentes detenidos. “Es un estado de excepción de facto”, aseguró María del Carmen Verdú, titular de Correpi.

 miércoles, 19-junio-2019

María del Carmen Verdú, la titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).


Un nuevo caso de escandalosa represión policial sacudió al país. En el barrio Gas del Estado, en Santiago del Estero, un grupo de policías buscaba una supuesta amoladora robada. Cuando tocaron la puerta en una de las casas, una chica de 17 años, con su bebé de 2 años en brazos, le negó el acceso por no tener orden de allanamiento. Uno de los policías le disparó y la adolescente falleció luego producto de ese balazo. “Es más de lo mismo. Un ejemplo de libro de lo que venimos denunciando en estos 3 años y medio de gestiones nacionales y provinciales en cuanto a la profundización del conjunto de las políticas represivas y en particular del gatillo fácil como herramienta de control social”, dijo María del Carmen Verdú, titular de Correpi.

El cabo 1° José Abraham confesó ante la Justicia haber sido el autor del disparo que asesinó a Silvia Verónica Maldonado. “El fiscal anda dando vueltas por todos los medios del país diciendo ‘investigaremos hasta las últimas consecuencias’, y por el otro lado salió a sostener a rajatabla el argumento del loquito suelto, la manzana podrida, planteando que fue un hecho individual”, apuntó Verdú, que agregó: “El policía no sabía que tenía balas de plomo. ¿Cómo no va a saber que en la 9 mm reglamentaria no hay balas de goma?”. Además, los otros policías dispararon las escopetas con cartuchos antitumultos. Disparados de cerca, pueden llegar a ser letales.

“Es tremendamente preocupante. Es el caso nuestro de cada día”, reclamó la abogada de Correpi. “Es un estadio superior que nosotros venimos definiendo desde 2017 con la desaparición forzada y muerte de Santiago, el fusilamiento de Rafael Nahuel y el episodio Chocobar hemos empezado a caracterizarlo como un estado de excepción de facto porque no ha sido formalmente declarado pero que genera la suspensión de derechos y garantías”, calificó Verdú. Según los informes de Correpi, las muertes en cárceles y por gatillo fácil pasaron en tres años y medio de una muerte cada 28 horas a una muerte cada 21 horas.

“Hace 30 años nos esforzamos por explicar que la represión es una política de estado, no es la reacción de un loquito suelto. Hay una cadena de mando que culmina en el poder político. En estos últimos 3 años y medios ni siquiera tenemos que esforzarnos en explicarlo nosotros, lo dijo Bullrich en conferencia de prensa después de lo de Rafael Nahuel”, concluyó Verdú.