Atando cabos

El terrible crimen de Valentino Blas Correas, asesinado por efectivos policiales en pleno centro de la ciudad durante la madrugada del pasado 6 de agosto, destapó la oscura trayectoria de los dos cabos imputados y detenidos por el homicidio, como también la del ex jefe de la zona sur, Gonzalo Cumplido, removido de su cargo luego de que el joven de 17 años perdiera su vida por un disparo policial.

De acuerdo a lo que informaron medios locales, el agente Lucas Gómez está acusado – junto a otros tres efectivos – de “encubrimiento” por desalentar a una de las víctimas del violador serial de La Calera, Leandro Castañares, para que no presente la denuncia. El otro policía involucrado en el asesinato de Valentino Blas Correas, Javier Alarcón, cuenta con los antecedentes de “privación ilegítima de la libertad” y “lesiones leves calificadas” por un caso en Río Segundo en el año 2013. Lejos de que la institución castigue estas conductas, el Tribunal de Conducta Policial decidió levantar la situación pasiva de Gómez y autorizó su regreso a la calle, mientras que Alarcón fue premiado con un ascenso en los últimos años.

Continuando con el nivel de impunidad, el ex comisario Gonzalo Cumplido – quien estaba a cargo de la zona en donde el joven de 17 años recibió el disparo policial – hizo referencia a una “fuga” de parte de los adolescentes y a una posterior “persecución”, algo que luego se comprobó que no existió. A su vez, el ex jefe fue quien encubrió al agente Lucas Carranza acusado de asesinar – también por la espalda y sin que existiera ningún peligro – al joven Rodrigo Sánchez en septiembre del 2015. En la causa – que no registra avances – Cumplido aparece como un testigo plantado y modificó tres veces su declaración, según publica La Tinta.

Esta semana, la legisladora provincial Luciana Echevarría presentó una denuncia penal contra la Policía de Córdoba para que se investiguen los delitos y hechos de corrupción dentro de la institución. Amenazas; la manipulación arbitraria de las actas y procedimientos; la alteración de la “escena del crimen”; y el simulacro de “enfrentamientos” inexistentes con las víctimas de la represión policial, son algunos las prácticas ilegales que remarcó la representante del MST en el FIT Unidad. “Esto no puede ocurrir sin el amparo del poder político y judicial que los protege. Por eso es urgente desmantelar al aparato policial y democratizar a la institución judicial”, concluyó.