AUH: un nuevo daño

Hace pocos días tomamos conocimiento a través de información periodística, de que el gobierno nacional dispuso la cancelación del derecho a la Asignación Universal por Hijo (AUH) a 231.542 personas. Implementada en diciembre del 2009, la AUH es una política reparadora e inclusiva, que parte de la premisa de que la exclusión del trabajo formal –y por tanto del acceso al salario familiar- por parte de millones de argentinos, no es producto de su elección individual, sino expresión y resultado de la profunda crisis social, política y económica que sufrió nuestro país, que adquirió su máxima visibilidad en diciembre de 2001, y que desde diciembre de 2015 vuelve a asomar nuevamente.

La AUH vino a equiparar los derechos de niños, niñas y adolescentes hijos de trabajadores informales y formales, con dos condicionalidades: la acreditación del control médico y el cumplimiento del plan de vacunación, y para aquellos niños y adolescentes en edad escolar, el cursado del ciclo correspondiente. Ambas condiciones se estipularon bajo la hipótesis de que es posible la ruptura de la cadena de pobreza intergeneracional, como resultado de la distribución de capital económico y cultural, distribución que podría revertir, en el mediano plazo, la vulnerabilidad actual de ciertos sectores de la población.

Mencionemos algunos efectos concretos de la implementación de esta política, que hemos recogido en una investigación realizada entre los años 2013 y 2014: en primer lugar, la apertura a un conjunto de accesibilidades a servicios (escuelas, centros de salud, instituciones de la seguridad social, instituciones bancarias); en segundo lugar, la reconstitución de un espacio de comensalidad al interior del grupo de convivencia, que redunda favorablemente en los vínculos afectivos y en el trabajo de cuidado, ya que niñas y niños pueden permanecer más tiempo en el hogar, al disponer de las comodidades indispensables para hacerlo; en tercer lugar, la mejora de los consumos ligados a la nutrición, pero también al placer, como puede ser un paseo al campo, al cine o a la plaza a tomar un helado. Se trata de diferentes dimensiones del término accesibilidad, pero que adquieren vida en las prácticas y percepciones de los sujetos de carne y hueso, con nombre y apellido. De manera que la AUH ha venido posibilitando la reinscripción social de sectores poblacionales que tuvieron una inclusión precaria, al mismo tiempo que ha venido construyendo una modalidad de lazo social no sólo con el otro próximo, sino también con las instituciones y con el mercado a través del consumo.

Pues bien, pareciera que estas accesibilidades comienzan a derrumbarse. El gobierno arguye que se ha excluido del programa a quienes no han cumplido con las condicionalidades establecidas. Pero, ¿cabe alguna duda de la dificultad actual de niños, niñas y jóvenes para sostener su asistencia a la escuela? ¿Es posible que un gobierno ignore que se ven obligados a dejar la escuela para salir a hacer changas, o a procurarse algún recurso por los medios que estén a su alcance? ¿Ignora este gobierno que hoy hay niños y niñas que quizá no dispongan de calzado o abrigo para asistir a la escuela? Parece que nada de esto importara. Parece reimplantarse con crudeza la idea –nunca del todo superada- del “pobre merecedor”: un concepto medieval que reaparece hoy con fuerza, y que sostiene que quien es pobre tiene la obligación de demostrar fehacientemente sus necesidades y su disposición al esfuerzo personal, para ganarse el favor de ser tratado como pobres; ahora se trata de favores, y no de derechos. En otros términos, se pretende una pobreza dócil, adaptada, obediente y cumplidora respecto de las expectativas formuladas desde el poder. Precisamente la AUH fue pensada con base en el principio predominante de la necesidad y no del merecimiento, y ello es fuente de prejuicios y estigmas, sostenidos por amplios sectores de nuestra sociedad.

Hoy asistimos a un complejo y penoso entramado de pérdida de derechos, y el ataque es particularmente virulento hacia los colectivos más vulnerables: discapacitados, mujeres pensionadas, trabajadores, sectores de la economía popular. Pero que nadie se llame a engaño: el cercenamiento de los derechos de otros, más tarde o más temprano nos afectan. El desamparo de estos niños y niñas tocará a nuestras puertas, y no siempre de la mejor manera. Son nuestros niños y niñas. Quieren vivir, quieren un lugar, y se lo procurarán como puedan. El abandono del Estado protector y su sustitución por un Estado punitivo, que piensa que los pobres quieren adueñarse de los recursos colectivos de manera indebida, y los trata como si así lo hicieran, no podrá durar para siempre.