Bajen las armas

El fusilamiento de la adolescente de 17 años en su casa en Santiago del Estero, baleada con un tiro en la frente por un policía de esa provincia, devuelve a la agenda la política de gatillo fácil y represión implementada desde el ministerio de Patricia Bullrich.

 miércoles, 19-junio-2019

Silvia Maldonado tenía 17 años, una hija de dos años y un bebé de un mes. Fue asesinada de un tiro en la frente por un policía de Santiago del Estero.


“Mirame bien a la cara”, le dijo el el cabo primero José Abraham a la mujer. “Yo soy el que le metió el cuetazo a tu hermana”. Silvia Verónica Maldonado tenía 17 años, una hija de 2 años y un bebé de un mes, y el domingo a la tarde se resistió a que la policía entre en su casa sin una orden de allanamiento.

Abraham le disparó un tiro en la frente y la adolescente quedó en coma. A las pocas horas murió y por ese crimen hay ocho policías están detenidos. El cabo primero confesó haberla matado ante el fiscal y dijo que no fue su intención, que había hecho un disparo al aire porque la escopeta con balas de goma se le había trabado. El caso se suma a una estadística del horror. Solamente en mayo, y en una cuenta que solo incluye los casos que llegaron a los medios de comunicación, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) contabilizó 26 muertos por gatillo fácil y en sitios de detención en la Argentina. “Correpi ha denunciado siempre que estos hechos no responden a un accionar aislado de policías que actúan como ‘la manzana podrida del cajón’. Es, efectivamente, la función intrínseca de la institución policial”, declara el organismo en su sitio oficial.

Desde diciembre del año pasado, gracias a la resolución 956/18 firmada por la ministra Patricia Bullrich, las fuerzas de seguridad del Estado tienen un nuevo protocolo para el uso de armas de fuego y que permite una especie de “vía libre” de uso a criterio de cada miembro y que los autoriza a disparar cuando un “presunto delincuente posea un símil de arma letal, o cuando se presuma que la posee”. También autoriza a abrir fuego cuando se efectuasen “movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma” o “cuando la imprevisibilidad del ataque esgrimido, o el número de los agresores, o las armas que estos utilizaren, impidan el materialmente el cumplimiento del deber”. Algo así como que se podrá abrir fuego cuando “consideren” que un grupo de personas tengan intenciones de impedir “el cumplimiento del deber”. Así de amplio, así de permisivo.

La Correpi denuncia que “la represión es política de estado” y señala esta resolución como parte del proyecto. “Cambiemos, con Macri y Bullrich a la cabeza, convierten esta denuncia en parte central de su discurso con orgullo. Podemos continuar con el ‘no tirar gendarmes por la ventana’ en la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado, la ‘versión de verdad’ ante las incontables falsedades que intentaron instalar en el asesinato de Rafael Nahuel, la presentación del policía asesino Chocobar como ‘héroe’, y la resolución 956/2018 con la que el gobierno legalizó el gatillo fácil, entre tantos otros ejemplos”, enuncian desde la Coordinadora.

Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), el rechazo a esta doctrina, institucionalizada a través de esta resolución, fue unánime y apenas fue publicada se pronunciaron en contra de la implementación del nuevo protocolo de uso de armas. “Consideramos muy peligroso que a través de esta doctrina, en un país con los antecedentes de ‘gatillo fácil’ y abusos por ‘portación de cara’, se libere a las fuerzas represivas de las más mínimas garantías civiles y del principio de no intervención cuando se ponga en riesgo la vida de las personas, priorizándola sobre la propiedad privada. Repudiamos también el doble estándar: por un lado, la ministra de Seguridad afirma que ‘quien quiera tener un arma que la tenga’, y por otro que se pueda disparar a todo aquel que ‘presuntamente’ esté armado. De esta manera, el nuevo Reglamento General para el Empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad reconfirma como válida la Doctrina Chocobar y vuelve a poner en práctica la teoría del ‘enemigo interno’ que tanto daño le hizo a nuestro país”, declararon los docentes y exigieron, ya hace más de seis meses, la revisión de la medida “para que no tengamos que lamentar mayores casos de gatillo fácil y arbitrariedades por parte de las fuerzas de seguridad. No es alentando la paranoia y la violencia la forma de vivir más seguros, sino alentando la justicia social y la tolerancia en nuestro pueblo”, escribieron.