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Darío Pignotti

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El ajuste es verde oliva. El exmilitar y flamante mandatario Jair Bolsonaro determinó la reducción del salario mínimo en simultáneo a la entrada en funciones del ministro de Economía Paulo Guedes, formado en la Universidad de Chicago, dotado de “superpoderes” para llevar adelante la reforma previsional en paralelo con un paquete de privatizaciones, parciales o totales, de empresas como Petrobras y Eletrobras.

A partir de este mes el salario mínimo será de 998 reales en lugar de los 1006 reales (265 dólares) fijados en el presupuesto aprobado semanas atrás en el Congreso. Cuarenta y ocho millones de trabajadores que tienen ese monto como referencia para la actualización de sus sueldos serán afectados por el recorte.

Al adoptar este ajuste a menos de 24 horas de haber jurado el respeto de la Constitución de 1988, conocida como “ciudadana” por consagrar derechos antes inexistentes, Bolsonaro puso de manifiesto una decisión política. Y lo hizo con una urgencia sorprendente a través de un decreto publicado en una edición extraordinaria del Diario Oficial de la Unión.

Puso en práctica lo que había insinuado en campaña y confirmado semanas atrás cuando abogó por la precarización laboral. “Continúa siendo muy difícil ser patrón en Brasil” debido al costo que suponen los derechos como el aguinaldo, las vacaciones y la política de actualización del salario mínimo. En esa ocasión prometió llevar adelante una segunda reforma laboral por entender que es insuficiente la legislación en vigor, una norma leonina sancionada en 2017 por el expresidente Michel Temer. “Si no tenemos menos derechos no tendremos más empleos”. Con las organizaciones sindicales agobiadas económicamente debido a la legislación dejada por Temer y la extinción del Ministerio de Trabajo determinada por Bolsonaro, nada indica que haya una respuesta colectiva al hachazo sufrido por asalariados más pobres ayer.

El exministro de Trabajo de Luiz Inácio Lula da Silva, Luiz Marinho, lamentó “que con este gobierno llegó la destrucción de todo derecho social”.

Al contrario de Marinho la Bolsa de Valores de San Pablo reaccionó de buen grado a este anuncio salarial más la promesa de reforma previsional y de privatizaciones de Paulo Guedes (ver aparte). La principal plaza bursátil llegó a rozar los 4 puntos y cerró con un alza del 3,5% en lo que fue el mejor inicio de año desde 2009.

El llamado “superministro” trasladó a Brasil su experiencia en el Chile de Pinochet, donde trabajó durante un tiempo con los mentores de un plan neoliberal ortodoxo aplicado a punta de bayoneta.

Otro compromiso asumido por el funcionario fue el de quitar recursos, eventualmente a la educación o la salud, si no se aprueba la reforma previsional a la chilena que planea presentará en el Congreso.

Ayer fue el día en que asumieron varios de los veintidós ministros del gabinete entrante, y Bolsonaro eligió asistir al acto que puso en funciones al general Fernando Azevedeo como titular de Defensa. En un discurso breve Bolsonaro no hizo mención de la eventual reforma previsional para las Fuerzas Armadas, autorizando la sospecha de que los militares podrán ser excluidos del recorte. Y elogió a los expresidentes José Sarney y Fernando Collor por haber aumentado los recursos destinados a los militares, dando lugar a la conclusión de que el recorte de gastos no será equitativo.

El capitán retirado dijo, dirigiéndose a los generales, que en su gobierno las Fuerzas Armadas recuperarán el lugar perdido a manos de políticos corruptos y que volverán a estar presentes en “todos los lugares de nuestro inmenso país”. Tal vez se refería a la demanda castrense por más injerencia en varias reservas indígenas ubicadas en zonas fronterizas como Raposa Serra do Sol, que está recostada sobre el límite con Venezuela. Durante años militares y hacendados presionaron para que el Estado le permita penetrar en territorio de los pueblos originarios. En el recién surgido gobierno bolsonarista una de los grupos de sustentación es precisamente el agronegocios y su influyente “bancada del buey” en el Congreso. Respondiendo a la exigencia de ese sector Bolsonaro resolvió ayer que la demarcación de tierras que antes de la conquista eran indígenas quede bajo la órbita del Ministerio de Agricultura, comandado por la ex legisladora Tereza Cristina, investigada por presuntos acuerdos ilegales con el frigorífico JBS, el más importante del renglón ganadero al cual se lo conoce por su avidez en conquistar tierras que no le corresponden.

La medida retiró todas las atribuciones sobre el tema que tenía la Fundación Nacional del Indio, que había sido defendida por varias etnias como la entidad idónea para fijar los límites de las reservas.

El balance del primer día del nuevo ciclo político, cívico-militar, inaugurado con Bolsonaro revela un plan de shock para ejecutar planes económica y socialmente regresivos, encuadrados en la fundación de un nuevo “orden” donde, no habrá más lugar para la “ideología de género” ni de minorías sexuales.

Dentro de la colección de anuncios también figura una resolución del presidente que quita a las demandas de la comunidad LGBT de las prioridades del ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, al frente del cual está la pastora Damares Alves. En lugar de priorizar la agenda sobre las minorías sexuales Alves concentrará sus esfuerzos en la aprobación de un proyecto que pagará un subsidio estatal a las mujeres violadas que no interrumpan sus embarazos.

Publicado en Página 12.