Bullrich conecta a las fuerzas de seguridad a 220

Una resolución firmada por la ministra de Seguridad reglamenta el uso de las pistolas Taser cuya adquisición el Gobierno anunció en enero. Para Bullrich, son “un medio intermedio” para el uso de la fuerza respecto de las armas de fuego. Desde el CELS advierten: “Sólo reducen la letalidad policial si se las usa en los mismos casos en los que se utilizaría un arma letal”.

 martes, 7-mayo-2019

La ministra Patricia Bullrich, la seguridad y la mano dura seguramente serán una apuesta del Gobierno mirando a octubre.


El Gobierno vuelve a poner pie firme en uno de los terrenos que siente que puede darle mayor rendimiento electoral: la mano dura y el discurso de la seguridad. Hoy, en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad reglamentó el uso de armas electrónicas. O sea, las pistolas Taser que a principios de año anunció que compraría para dotar a las fuerzas federales.

La resolución, que lleva la firma de Patricia Bullrich, indica que “la actividad policial requiere actualizar los criterios de acción vigentes” debido a “la necesaria utilización de la fuerza pública en la defensa de los intereses de los ciudadanos”. “La incorporación de armas electrónicas de uso no letal permitirá abordar situaciones operacionales en las que resulte necesaria la utilización de la fuerza sin el empleo de armas de fuego, siendo un medio intermedio para ejercer un uso racional y gradual de la fuerza”, indica el texto, añadiendo que son “una opción táctica adicional en reemplazo de las armas de fuego”. La medida abarca a la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura y Gendarmería.

Las críticas de los organismos de derechos humanos y de lucha contra la violencia institucional no se hicieron esperar. “Las Taser sólo reducen la letalidad policial si se las usa en los mismos casos en los que se utilizaría un arma letal, no si su supuesta “no letalidad” habilita que se amplíen las situaciones en las que los policías podrían disparar”, subrayaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Además, citan un estudio realizado por Amnesty International en Estados Unidos, que comprobó que de 334 personas muertas por el uso de las Taser entre 2000 y 2007, sólo 33 portaban armas y sólo 4 armas de fuego. Es decir, más del 90% de las víctimas fatales estaban desarmadas.

Por otro lado, el CELS resalta una advertencia realiza por American Civil Liberties Union (ACLU), que señaló que las Taser ya no son utilizadas por las policías estadounidenses como un reemplazo del arma letal en situaciones de último recurso, sino como un instrumento de control. “Reglamentaron su uso, y lo hicieron muy mal. No prohíbe su uso en embarazadas, intoxicados, menores y adultos mayores. No prohíbe las descargas consecutivas sobre la misma persona, ni tampoco se usarán p/ evitar usar el arma de fuego como debería ser. Esto no es una buena noticia”, dijo Federico Efrón, coordinador de Litigio del CELS.

En el anexo, donde se encuentra el reglamento propiamente dicho, indica que “sólo podrán usar las armas electrónicas no letales cuando sea estrictamente necesario en el cumplimiento de sus deberes y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas” y hace una enumeración vaga de casos: para inmovilizar o impedir fugas, para ejercer la legítima defensa propia o de terceros o para impedir la comisión de un delito.

Por último, el reglamento señala que los efectivos deberán identificarse a viva voz, “salvo que dicha acción pueda suponer un riesgo de lesiones para otras personas, o cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias del caso”. En resumidas cuentas, la necesidad de identificación queda a criterio del agente.