Cabandié dice “yo no fui”

La crisis generada en Mendoza a partir de la reforma de la Ley 7.722 tomo carácter nacional luego de que decenas de miles de personas llegaran hasta las puertas de la casa de gobierno provincial en una caravana de protesta que partió desde la localidad de San Carlos. Sin embargo, la cartera de Ambiente a nivel nacional mantuvo un llamativo silencio en los últimos días, cuando la modificación legal era un tema de discusión candente en esa provincia y muchos ambientalistas reclamaban que la Nación tomara posición.

El ministro de Ambiente, Juan Cabandié, es quizás el que menos se ha mostrado en público desde la asunción, aun cuando este tema puso a su cartera en el tapete. Hoy, el Ministerio de Ambiente de la Nación publicó un comunicado en que se quita toda obligación de sentar posición sobre el tema: ” La competencia en materia de explotación minera es exclusivamente provincial”.

“El Gobierno nacional no interviene en la materia, solo puede extremar su recaudo a favor de que esa actividad se realice con acuerdo social y con preservación del ambiente. Es por eso, que el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, manifiesta su preocupación por los hechos acaecidos en la provincia de Mendoza”, agrega el texto.

Es cierto es un tema políticamente espinoso, debido a que gran parte del peronismo mendocino -incluidos sectores cercanos a la excandidata a gobernadora y referente kirchnerista Anabel Fernández Sagasti- acompañó la reforma. La senadora se reunió con Alberto Fernández para ponerlo al tanto de la situación, luego de que el presidente expresara su preocupación por los hechos sucedidos en la provincia cuyana.

El comunicado de la cartera ambiental apenas esboza algunas vaguedades, como que Cabandié “evaluó una serie de medidas en el marco de sus competencias, esto es: la formulación, implementación y ejecución de la política ambiental y su desarrollo sostenible como política de Estado”. No especifica cuáles son esas medidas ni si se va a tomar alguna acción concreta por la cuestión del agua en Mendoza. El comunicado cita el artículo 41 de la Constitución que consagra el derecho a un ambiente sano y equilibrado.

Por último, el texto difundido apunta que se dispuso que “las áreas correspondientes analicen una ley de presupuestos mínimos de evaluación de impacto ambiental de la actividad minera”, indicando que, a futuro, eso generaría “un piso mínimo de protección”.