Cada día más vulnerables
El recorte presupuestario que Desarrollo Social de la Nación aplicó a las pensiones por invalidez, se extiende también a los servicios de salud de esas personas. El 72 por ciento del padrón debe afrontar gastos de hasta 40 mil pesos mensuales, que el ministerio de Salud niega a tratamientos de insuficiencia renal crónica y farmacológicos inmunosupresores para pacientes trasplantados.
martes, 27-junio-2017
Al recorte del ingreso por discapacidad, se suman impedimentos para tratamientos médicos.
Además de los 4 mil pesos que las personas por invalidez dejan de cobrar de la cartera que conduce Carolina Stanley por los recortes anunciados, ahora el gobierno nacional extiende esos tijeretazos al 72 por ciento de ese universo de beneficiarios, quienes deben afrontar gastos de salud y sanitarios de hasta 40.000 pesos mensuales.
El mecanismo es perverso: al darse de baja las pensiones no contributivas, Desarrollo Social interrumpe los planes de cobertura que brinda el Ministerio de Salud, tales como tratamientos de diálisis para las personas con insuficiencia renal crónica y farmacológicos inmunosupresores para pacientes trasplantados.
“De no haber sido dadas de baja las pensiones no contributivas, el tratamiento a personas con diagnóstico de esquizofrenia, insuficiencia renal crónica y niños o jóvenes con discapacidad serían cubiertos por el Programa Federal Incluir Salud (PFIS)”, señala un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria que publica Página/12.
La titularidad de una pensión por invalidez implica la cobertura médico asistencial por Ley 24.734, que el Estado garantiza a través de la implementación del PFIS del Ministerio de Salud y en menor medida el PAMI. El PFIS brinda cobertura 100 por ciento gratuita para todas las prestaciones del Programa Médico Obligatorio, y garantiza el acceso a otras asistencias que son necesarias para el desarrollo de la vida del beneficiario, pero que por su alto costo les resultarían prohibitivas.
De esta manera, las personas con discapacidad no sólo perdieron un ingreso de auxilio sino el acceso a prestaciones básicas (Ley 24.901) como estimulación temprana, educación especial, servicio de integración en escuela común, rehabilitación profesional y formación laboral, centro de día, centro educativo terapéutico, centro de rehabilitación, residencias, pequeños hogares y hogares, entre otras.
Mientras los trámites para dar de alta a nuevas personas discapacitadas están casi paralizados, y la promesa de revisión de Stanley sobre los ya recortados continúan en el limbo político-administrativo, el macrismo profundiza el ajuste sobre los más vulnerables de la sociedad.