Cajero amigo

Se venció el plazo para impugnaciones y la recaudación provincial seguirá tercerizada en manos de la misma empresa que lo viene haciendo desde el 2005 a través del consorcio Kolektor, que fue la única oferente de la licitación. Marcos Sequeira, tributarista consultado por este portal, había advertido que “es inconstitucional que la Provincia privatice su recaudación, porque es una función pública”.

 viernes, 22-diciembre-2017

Kolektor cobra una comisión por todo lo que recauda en impustos y juicios.


La empresa Servicios y Consultoría SA está a un pasito de resultar nuevamente adjudicataria de la licitación para “colaborar” en la gestión de recaudación de la Dirección de Rentas, luego de que ayer venció el plazo para eventuales impugnaciones y que la comisión de preadjudicación avaló el plan de trabajo y comisiones ofrecido por la firma, la única que se presentó en la apertura de sobres de la licitación.

Kolektor, el consorcio a cargo de la recaudación desde 2005 continuará “trabajando junto a Rentas” hasta febrero 2022, una situación que según el tributarista Marcos Sequeira es “inconstitucional, porque la recaudación no puede ser privatizada porque es una función pública”.

En este sentido, el especialista remarcó que “lo de la licitación fue un simulacro, había un solo oferente”. En realidad la empresa Boldt y el Grupo TX de Panamá habían comprado pliegos, pero a la hora de la apertura de sobre solo estaba Kolektor.

La explicación “oficial” es que el acuerdo fiscal entre Nación y Provincias haría poco apetecible el negocio de la recaudación, y que por eso el resto desistió de participar. Otras fuentes cuestionan el vínculo entre el consorcio y quienes gobiernan la provincia desde hace 18 años.

Según publica el diario Comercio y Justicia, la Provincia defiende el nuevo contrato a partir de que sería “más beneficioso para las arcas públicas respecto al anterior, producto de una baja en las comisiones”. Pero Sequeira destacó que “Kolektor también cobra una comisión por los juicios, por eso hay una política de persecución a los contribuyentes a través de esta empresa privada y de la Policía Fiscal, que hace que muchas firmas dejen Córdoba y se radiquen en Santa Fé Buenos Aires”.

Además, según el especialista, “los juicios se tramitan en el ámbito administrativo, no en la justicia, no existe la imparcialidad de un juez, el que decide un pleito es un empleado administrativo que ni siquiera necesita título habilitante para actuar”.