Cambiar la silla de ruedas por la bicicleta

El titular del Observatorio de las Personas con Discapacidad de Buenos Aires, Pedro Ávalos, reclamó que el Gobierno nacional le devuelva a ese sector social 1.000 millones de dólares que puso en bonos 2020 del Banco Nación en virtud de un decreto de 2016. Explicó que ese faltante priva a las personas con discapacidad de servicios que son básicos para ellos.

 miércoles, 10-abril-2019

Pedro Ávalos argumenta que los 1.000 millones de dólares que faltan privan a los discapacitados de cuestiones básicas.


No se salvan ni ellos: las personas con discapacidad reclaman que el Gobierno nacional les devuelva 1.000 millones de dólares que metió por decreto a la bicicleta financiera y que en medio de la crisis redunda en carencias angustiantes de servicios básicos. Días atrás, en el Confederal de San Juan, donde se reunieron las máximas autoridades en discapacidad a nivel nacional y de las distintas provincias, Pedro Ávalos, titular del Observatorio de las Personas con Discapacidad de Buenos Aires, reclamó la marcha atrás en esta medida.

El decreto 908 del año 2016, firmado por el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, Pablo Clusellas, establece en su artículo 7 que 14.267 millones de pesos –alrededor de 1.000 millones de dólares al cambio de aquella fecha- “se deberán suscribir a valor de mercado ‘Bonos de la Nación Argentina en pesos 2020’”. Esos fondos se tomaron de la Superintendencia de Servicios de Salud, que es la encargada de financiar, entre otras cosas, las prestaciones de discapacidad de los trabajadores y sus familiares.

Sobre lo descontado de cada sueldo para obra social y lo aportado por la patronal para ese mismo fin, se toma un 15 % para financiar esa Superintendencia. “Cuando asumió Macri había 30.000 millones de pesos, o sea 2.000 millones de dólares al cambio de esa época”, destaca Ávalos. Es decir que la mitad fueron a parar a la bicicleta financiera. “Hoy nos privan de servicios básicos como sillas de ruedas, aparatos ortopédicos, audífonos, terapistas ocupacionales, psicopedagogas, etcétera”, subraya Ávalos.

Para ejemplificar la problemática que sufren con la crisis las personas con discapacidad, Ávalos cuenta que los aranceles de los maestros integradores aumentaron un 5 % en 2017 cuando la inflación fue de 24,8 % y entre 8 y 11 % en 2018 con una inflación de 47,6 %. “Lo que nos pasa hoy es que uno busca un maestro integrador y no lo consigue porque prefieren dedicarse a otra cosa”, relata. Paisajes que deja el ajuste.

“Somos cinco millones de personas discapacitadas en todo el país y sólo un tercio tienen trabajo. Menos de dos tercios tiene alguna cobertura de obra social. Hay más de un millón y medio de personas sin cobertura. Mientras tanto, las leyes de inclusión laboral no se cumplen”, dice Ávalos, que sostiene que del 4 % de personas con discapacidad que debe haber en la planta del Estado nacional por ley, apenas hay un 0,98 %. “La propia Agencia Nacional de Discapacidad despidió personas discapacitadas”, reclama.

Por último, Ávalos puntualizó que hay organizaciones encargadas de brindar servicios a las personas con discapacidad que hicieron silencio sobre esta situación, especulando con que el Estado les reconociera diferencias en lso aranceles. “Algunas de esas organizaciones integran el directorio de Prestaciones Básicas para las Personas con Discapacidad, que es donde se definen los aranceles”, cerró.