Cerrá el pico

El 14 de diciembre el Ersep tratará un nuevo pedido de aumento del servicio que presta Aguas Cordobesas, que comenzará a regir el 1 de enero. Con este incremento la suba anual será del 57,44% y, si se cuenta la renegociación del contrato en 2005, en diez años este insumo habrá aumentado un 2585%, el triple de la inflación acumulada en el mismo período.

 lunes, 3-diciembre-2018


La audiencia del 14 de diciembre será un trámite, porque el Ersep nunca votó en contra de los aumentos solicitados por la empresa del grupo Roggio. Con un integrante de Aguas Cordobesas en la mesa tarifaria, el nuevo pedido será del 16,11% y empezará a regir el 1 de enero. El reajuste se suma al incremento del 10,58% que se incluyó en la tarifa en concepto del canon, ítem que debería pagarlo la concesionaria y no los usuarios, como lo establece el contrato.

Si se suman todos los aumentos autorizados por el Ersep, la tarifa de agua acumulará de enero de 2018 al mismo mes del 2019 un incremento del 57,44%. El legislador Juan Pablo Quinteros advirtió que desde que se renegoció el contrato de concesión, en 2005, “la tarifa que pagan los usuarios se incrementó un 2585% hasta el último mes revisado, julio de 2018, que es el triple de la inflación que según la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia a julio de 2018 fue de 839%”.

No sólo la tarifa se ha incrementado el triple que la inflación, sino que, además, los usuarios le pagarán el canon que la concesionaria le debe a la Provincia. “Los usuarios también pagan las obras y colocación de medidores a través del cargo tarifario, medidores que sólo hace incrementar los ingresos de las empresas pertenecientes todas al Grupo Roggio. Cabe mencionar que las renovaciones de medidores a los 7 años (vencimiento de su vida útil) lo abonan también los usuarios”, explicó el legislador.

El servicio de agua fue privatizado por el gobierno de Ramón Mestre en 1997 y renegociado en 2005 por el exgobernador De la Sota. Roggio es uno de los grupos económicos más poderosos, con contratos en distintas obras a nivel provincial y nacional, y tres de sus ejecutivos están imputados por la justicia a raíz de la inundación de la planta de tratamiento de residuos peligrosos Taym, ocurrida en marzo del 2017.