Chau soberanía alimentaria

El gobierno logró dictamen de mayoría en la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación para modificar la Ley de Semillas. Con el voto de Cambiemos y el rechazo de toda oposición, el proyecto está hecho a medida de las 4 multinacionales que controlan el 66% del mercado mundial, fundamentalmente Bayer-Monsanto. Obligaría a pagar regalías a productores que desean guardar semillas para una futura siembra, prohíbe su actual intercambio y uso gratuito y habilita la persecución de quienes se nieguen a controles estatales.

 miércoles, 14-noviembre-2018


Camilo Ratti

En el mundo hay 4 corporaciones que controlar la circulación y comercialización del 66% de las semillas: Bayer-Monsanto, ChemChina, Corteva Agriscience (anteriormente Dow-DuPont) y Basf. Y quien controla las semillas, controla toda la cadena alimenticia. De ahí la voracidad de las multinacionales por modificar la actual Ley de Semillas argentina, aprobada en 1973.

Dicha legislación reconoce el “derecho de obtentor” a quien mejora una semilla y cobra regalías por ello. Pero también incluye lo que se denomina “uso propio”, que permite a los productores y productoras guardar y volver a sembrar sus semillas, además del intercambio gratuito entre productores. Esto es lo que busca modificar el gobierno de Macri, que tiene como secretario de Agroindustria a un integrante de la Sociedad Rural, principal operador de este cambio legislativo.

Con el voto del bloque de Cambiemos y el rechazo del kirchnerismo, el massismo y el PJ, ayer martes la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación –que preside el radical Atilio Benedetti- aprobó un dictamen de mayoría para modificar la ley y espera poder votarlo en el recinto el próximo miércoles 21 de noviembre.

Este portal pudo averiguar por fuentes legislativas que la intención es que el Senado haga lo propio el 28 de este mes y el gobierno nacional pueda ofrendar a las corporaciones de la alimentación la “seguridad jurídica” para seguir multiplicando sus ganancias. Sus representantes políticos se darán cita en Buenos Aires el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, cuando vengan a participar del G20. El amigo Trump incluido.

los efectos negativos del agronegocio.

Las multinacionales de semillas buscan apropiarse de un conocimiento que debe ser público para garantizar la diversidad agrícola.

“Buscan terminar con el “derecho de uso propio” de los agricultores y cobrar regalías cada vez que un agricultor utilice una semilla sujeta a derechos de obtentor. De esta manera se transforma un derecho de todos en una excepción para algunos (inscriptos en registros ad-hoc)”, advierte la Multisectorial contra la Ley Bayer-Monsanto de Semillas, que reúne a 200 organizaciones campesinas, indígenas, universitarias, científicas, sociales, sindicales y políticas.

La Federación Agraria sacó también un comunicado rechazando el tratamiento de un proyecto que no tiene el consenso de todos los actores: “Exigimos el orden público de la ley de Semillas, que termine con las prácticas contractuales avasallantes de los derechos de los agricultores y ratificamos la posición de uso público gratuito y la permanencia de Argentina en el marco de UPOV 78”, que actualmente permite guardar semillas sin tener que pagar por ello.

Conocimiento universal

“Todas las semillas tienen un origen campesino e indígena, no las inventaron las corporaciones. Es más, en los últimos 60 años, según la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) el agronegocio ha hecho que se pierdan el 75% de las semillas que había en el mundo, destruyendo la diversidad agrícola”, advierte a este portal Carlos Vicente, integrante de la ONG Biodiversidad, una de las 200 organizaciones que resisten la modificación de la actual Ley de Semillas 20.247 que impulsa el gobierno de Macri.

Aunque las semillas pueden ser mejoradas por distintos procesos –manipulación genética o de manera natural- en Argentina casi 70% de la superficie agrícola utiliza semillas de Bayer-Monsanto y Syngenta (ahora ChemChina) y ambas son propietarias del 99% de las semillas transgénicas, fundamentalmente de soja y maíz.

multinacionales de semillas.

La modificación de la ley solo profundizará la comercialización de las semillas en manos de las corporaciones alimenticias.

“La concentración de nuevas tecnologías e información podrían llevar a que tres empresas controlen el 60% de las semillas y el 70% de los agroquímicos a nivel mundial, en un oligopolio de gran alcance. Significaría un cambio histórico y global en lo que respecta al acceso a insumos agrícolas y haría vulnerable todo el sistema de cosechas y ganado por su uniformidad”, asegura un informe del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (ETC), que se dedica a la conservación y promoción de la diversidad cultural y ecológica y los derechos humanos.

Según este prestigioso Grupo, que investiga y articula con organizaciones de la sociedad civil por un desarrollo sustentable, “en los primeros eslabones de la cadena la tendencia de concentración continúa: después de las megafusiones de 2017-2018, tan sólo 4 compañías controlan 66% de las ventas corporativas de semillas en todo el mundo, así como también sólo cuatro compañías controlan alrededor del 70% de las ventas globales de agroquímicos. Lo más importante es que tres de las cuatro compañías de semillas y pesticidas son las mismas: Bayer (ahora propietaria de Monsanto), Corteva Agriscience (anteriormente Dow-DuPont) y Syngenta (propiedad de ChemChina y a punto de ser tomada por Sinochem)”.

“No sólo está en juego el control de la cadena alimentaria industrial con valor de 7.5 billones de dólares (que, a fin de cuentas, sólo alimenta —y mal—al 30% de las personas) sino también la seguridad alimentaria mundial y la necesidad de reducir los daños socioambientales por $4.8 billones de dólares ocasionados por la agroindustria”, señalan desde ETC.

No se puede patentar la vida

“La modificación de la ley tiende a criminalizar una práctica que por años han realizado campesinos, campesinas y pueblos, provocando la pérdida de la biodiversidad y privatizando el conocimiento. Hablar de semillas es hablar del origen de los pueblos, de la vida, y la vida no se puede patentar” sostiene Tamara Perelmuter, integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra en su presentación.

De aprobarse las modificaciones, las únicas ganadoras son las corporaciones. Hoy el costo de comprarle a las grandes semilleras es 3 o 4 veces más alto que las semillas de polinización abierta, lo que impacta directamente sobre los ingresos de la agricultura familiar, responsable de producir entre el 70 y el 80% de los alimentos que consumimos los argentinos. “Las semillas son alimento, pero también son saberes, cultura, tradiciones. Las semillas son vida, por lo que se hace imprescindible defenderlas”, aseguró Marcos Filardi, de UTT. “Defender las semillas es defender el ejercicio de nuestros Derechos Humanos”, completó.



La Multisectorial que se opone a la ley anunció que se movilizará el próximo miércoles al Congreso para que el proyecto oficial sea rechazado por los legisladores. Entre las múltiples razones para oponerse, aseguran que “avanza en la criminalización de las semillas nativas y criollas, impidiendo el libre intercambio entre productores, familiares, campesinas y campesinos y pueblos originarios, desconociendo la ley 27.118 que resguarda estas semillas y permite su libre intercambio y reproducción”.

También porque obvia la consulta previa libre e informada a los pueblos originarios que exige el Convenio 169 de la OIT, del cual Argentina es parte. “Son ellos quienes han generado casi todo el conocimiento y la diversidad agrícola que hoy nos alimenta, fruto del trabajo colectivo de los pueblos durante más de diez mil años”.

Como en casi todos los debates del gobierno de los CEOs, lo que está en juego es la soberanía. Ahora, la soberanía alimentaria.