Consenso universitario contra proyecto de ley de desmonte

“Dicho proyecto debería ser archivado”, ”, concluye el informe del ISEA-UNC sobre el proyecto de ley que el gobierno de Schiaretti envió a la Unicameral y que Unión por Córdoba y Cambiemos pretendían aprobar en consonancia con los intereses de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ) Una iniciativa rechazdada de manera masiva por la sociedad civil, que pone en serio riesgo la conservación del 3 por ciento de bosque nativo que queda en pie en la provincia.

“La Secretaría de Ambiente del gobierno de Córdoba, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional 26.331, debería iniciar un proceso participativo para la elaboración de un nuevo Anteproyecto de Ley que tome en consideración la legislación provincial vigente así como todos los elementos aportados desde distintas instituciones y sectores, incluido el presente documento”, señala el informe de la UNC.

El texto hace hincapié en uno de los puntos que más preocupación genera en la ciudadanía, y que tiene que ver con la elaboración de un nuevo mapa territorial para garantizar que se respeten las zonas a conservar. “Debe ser coherente con las normas que contribuyan a proteger y recuperar la biodiversidad original, y no impliquen reducción de zona roja, ni reducción de zona amarilla, en este último caso con la sola excepción de que puede haber disminución de zona amarilla cuando se transforma en zona roja”.

Para evitar las fallas en la aplicación de la ley, el informe advierte que se “debe asegurar un sistema propio (gubernamental) y otro u otros independientes (universitarios, no gubernamentales, mixtos) que puedan dedicarse a la observación, detección y evaluación, tanto de las pérdidas ecológicas (desmontes, destrucción por fuego, destrucción por inundaciones) como de las ganancias ecológicas sufridas por los ambientes bajo protección en la provincia”.

Además, los especialistas destacan que un nuevo anteproyecto de ley “debe tener plena vigencia el Principio de Progresividad que prohíbe toda regresividad en los niveles de protección ambiental. Las categorías de protección y su superficie establecidas por ley anterior pueden aumentar pero en ningún caso disminuir, y el proyecto de Ley del Ejecutivo Provincial incumple este principio básico de la Ley Nacional 26.331/2006”.

Por último, solicitan la revisión del Plan Provincial Agroforestal “recientemente aprobado por ley”, y que el estado provincial especifique “metodologías para proceder al seguimiento, monitoreo y control de la Ley de Bosques Nativos y asignar los recursos humanos y tecnológicos requeridos para una eficiente aplicación de la ley”.