Contra las cuerdas por Milagro
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, reconoció que la resolución de la CIDH, que ordenó al gobierno liberar a Milagro Sala o en su defecto otorgarle la prisión domiciliaria, es de cumplimiento obligatorio. De todas maneras, aclaró vía Twitter que “no comparte el privilegio de prisión domiciliaria a corruptos”. Sala ya había rechazado esa posibilidad y sus abogados insistieron en que “no tiene fundamento”.
lunes, 31-julio-2017
Morales dijo que la familia de Stornelli está "bien constituida".
Marcos Aldazabal, uno de los abogados de Milagro Sala, aseguró que confía en que el gobierno jujeño acatará la resolución de la CIDH y advirtió que “sería muy grave” que eso no ocurra. “Ayer a la noche, Morales dijo que si bien estaba en desacuerdo, consideraba que las resoluciones son obligatorias, por lo que confiamos y esperamos que se vaya a dar cumplimiento. Sería muy grave que el Estado desconozca la resolución de la Comisión”, afirmó en declaraciones a radio Rivadavia que publica Página/12.
El abogado adelantó además que en caso de que la decisión sea otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria a Sala, seguirán insistiendo por su libertad porque “la prisión preventiva no tiene ningún fundamento. Si bien tenemos el precedente de la resolución del grupo de trabajo de la ONU que fue el año pasado y no lo cumplieron, creemos que sería muy escandaloso que siguieran por el mismo camino, aunque no nos sorprendería”.
La respuesta de Morales, el principal interesado en que Sala siga presa, fue vía Twitter: “No comparto que la @CIDH otorgue el privilegio de prisión domiciliaria a corruptos aunque sus cautelares son obligatorias #MilagroSala”.
“Si bien tenemos el precedente de la resolución del grupo de trabajo de la ONU que fue el año pasado y no lo cumplieron, creemos que sería muy escandaloso que siguieran por el mismo camino, aunque no nos sorprendería”.
Marcos Aldazabal, uno de los abogados de Milagro Sala.
En relación a cómo Sala tomó la resolución de la CIDH, Aldazabal aseguró que está “muy contenta”, aunque advirtió que “ha sufrido agresiones por parte del personal penitenciario y esta situación pone en peligro su vida constantemente”. Por eso la CIDH había recomendado al gobierno argentino adoptar “medidas alternativas” para la prisión preventiva de Sala, entre las que mencionó la posibilidad de la prisión domiciliaria o la libertad con fiscalización electrónica.