Contra propios y ajenos
La causa por espionaje ilegal determinó que se realizaron consultas ilegales sobre los movimientos migratorios de jueces, gobernadores, legisladores, empresarios, jueces y funcionarios. La diputada Elisa Carrió fue señalada en una investigación periodística como una de las responsables de las maniobras.
martes, 29-octubre-2019
La diputada Lilita Carrió está en el centro del escándalo por espionaje ilegal a jueces, gobernadores y funcionarios opositores y afines al gobierno de Mauricio Macri.
El escándalo por el espionaje ilegal sobre jueces y funcionarios sumó un nuevo capítulo con la emisión de un informe especial del programa ADN, en el que se presentaron documentos que vinculan a la diputada Lilita Carrió como una de las responsables de las maniobras de acceso ilegal a información personal y migratoria de magistrados, gobernadores opositores y afines a Cambiemos, además de empresarios y hasta del propio padre del presidente Macri.
A partir de este informe, el juez Rodolfo Canicoba Corral amplió la investigación para determinar responsabilidades sobre el acceso a información clasificada desde cuentas de funcionarios del Ministerio de Seguridad, la AFIP, la Policía Federal, la Unidad de Información Financiera (UIF), Gendarmería, la Procuración General de la Nación, Prefectura, la Policía de la Ciudad, y dependencias de la Corte Suprema.
Mientras anuncia su retirada de la política y adelanta el trámite de la jubilación, Carrió deberá explicar ante la justicia su accionar en la causa que investiga el espionaje masivo que a comienzos de mes mostró la vigilancia a magistrados de la Corte Suprema y ahora se amplió hasta a gobernadores como Alicia Kirchner, Oscar Peppo, Mariano Arcioni, Hugo Passalacqua, Alfredo Cornejo, entre otros.
Según datos publicados por Infobae, la causa a cargo e Canicoba Corral y que investiga también el fiscal Ramiro González, incluyen datos de Migraciones que demuestran que se espiaron también los movimientos de legisladores como Agustín Rossi, Alejandro Ramos y Claudio Poggi.
El juez intenta ahora determinar los vínculos entre miembros del poder ejecutivo y los pedidos no autorizados de información sobre estas personas, por lo que el fiscal solicitó que se constalte si a través del sistema de logueo digital de la AFIP se realizaron consultas “por fuera de un marco legal que la justifique”.