Contra viento y marea

“Hablo en nombre de una Argentina que quiere acabar con todos los miedos y que no quiere una juventud reprimida. Ahí está esa gloriosa juventud en las calles: una oleada verde de chicas que está luchando por el reconocimiento igualitario de sus derechos”, dijo Pino Solanas en su hisórico discurso en el debate por la legalización del aborto en 2018. Aquella vez, la lucha se perdió en el Senado pero Solanas sabía que era cuestión de tiempo. “Esta causa esta noche tiene un pequeño descanso, pero en poquitas semanas todas de vuelta de pie. Sino sale hoy, el año que viene vamos a insistir. Y si no sale el año que viene, insistiremos el otro. Nadie podrá parar a la oleada de la nueva generación. Será Ley, habrá Ley contra viento y marea”, arengó el entonces senador, fallecido en París een noviembre pasado.

En ciudades, pueblos y calles de todo el país, millones de mujeres acompañan la vigilia que esta noche, cerca de las cuatro de la mañana, tendrá la primera votación en la Cámara Baja. El poroteo auspicia un triunfo cómodo del proyecto presentado por el presidente Alberto Fernández, pero los votos están ajustados y sin definirse todavía en el Senado. En el trayecto, una historia de décadas de lucha y militancia de miles de mujeres que llevaron la legalización del aborto como bandera y ampliaron la conciencia social sobre un derecho negado, que sigue siendo violencia sobre los cuerpos de las mujeres.

“Es una apuesta muy fuerte por la igualdad y la no discriminación. Sobre todas las cosas es una esperada reivindicación a una batalla que tiene muchos años”, dijo la diputada entrerriana Blanca Osuna en su intervención en la sesión, desde su internación hospitalaria.

“Es una deuda que no justifica más demoras”, agregó, y en los antecedentes de esa deuda hay miles de mujeres muertas o mutiladas por la práctica de abortos ilegales. Según el estudio “Abortos seguros e inseguros: Costos monetarios totales y costos para el sistema de salud de la Argentina en 2018”, de las investigadoras Sonia Tarragona y Malena Monteverde, el impacto de la ilegalidad en el sistema de salud tiene un costo multimillonario para el Estado. Entre los datos relevados por la investigación, los tratamientos menos costosos que se requieren cuando una mujer ingresa al sistema sanitario con un procedimiento abortivo ilegal son para finalizar esos abortos incompletos, lo cual implica costos entre 35 mil y 86 mil pesos promedio. En segundo lugar, el tratamiento de una hemorragia severa cuesta entre 98 y 171 mil pesos y el aumento de la gravedad de los cuadros puede llegar a costar casi un millón de pesos para el tratamiento de un shock séptico.

“Nos preocupa el tema de la objeción de conciencia, por la estrategia de los sectores conservadores que la van a usar para obturar el derecho a la interrupción voluntaria de embarazo”, dijo Marta Alanís, del grupo de Católicas por el Derecho a Decidir en una entrevista con Página 12. “Vamos a tener que trabajar mucho para garantizar su implementación, porque los sectores conservadores van a poner obstáculos, como hoy los ponen para impedir el acceso a las ILE. Necesitamos campañas nacionales para promover la educación sexual integral y la anticoncepción y que se incluya la IVE en los protocolos que ya hay de ILE en las provincias. Pero debe haber una difusión masiva de la ley para que se conozca y los médicos no digan que la ignoran ni presionen o culpabilicen a las mujeres que quieran interrumpir un embarazo”, agregó.