Córdoba de las campanas
La media sanción del proyecto de aborto legal, seguro y gratuito -producto de las masivas movilizaciones del movimiento de mujeres-, choca en Córdoba con una dirigencia política permeable a la influencia eclesiástica y a un poder judicial que hace seis años tiene frenada la aplicación del aborto no punible, por un amparo del Portal de Belén que no reconoce la ley nacional ni un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Si se la analiza proporcionalmente, la Provincia aportó la mayor cantidad de votos negativos en la histórica sesión del 13 y 14 de junio en el Congreso Nacional.
lunes, 18-junio-2018

Por Camilo Ratti
El temblor que produjo el movimiento feminista en todo el país para lograr la media sanción del proyecto de Aborto Legal, Seguro y Gratuito –y que tuvo una masiva y estimulante expresión en Córdoba-, no logra sacudir los cimientos de una provincia donde el poder de la iglesia católica sigue siendo determinante en el comportamiento de la dirigencia política que gobierna desde el fin de la dictadura .
En la histórica sesión del 13 y 14 de junio en el Congreso Nacional, esta provincia aportó la mayor cantidad de votos negativos si se la compara proporcionalmente con el resto: de 18 diputados, 12 votaron en contra (70%), 5 a favor y una abstención, la única de todo el Parlamento en la piel de Alejandra Vigo, la esposa del gobernador Schiaretti. “Fue muy fuerte la presión de la Iglesia, tanto del Arzobispado cordobés como del obispado de San Francisco”, aseguró a este portal una fuente muy cercana al bloque del PJ cordobés en la Cámara Baja que conduce el sanfrancisqueño Martín Llaryora. El propio Arzobispado informó que hubo reuniones con funcionarios del gobierno de Schiaretti y con la propia Vigo antes de la votación, y que incluso no cayó nada bien en la jerarquía católica la abstención de la diputada, que ensayó un equilibro entre esos compromisos y el impresionante grito callejero que retumbó en el recinto legislativo, fundamentalmente juvenil.
Pero la cruzada antiabortista cordobesa viene de larga data, y lo que se vio en el Congreso tiene raíces bien profundas, con intérpretes que desde hace 20 años transitan despachos judiciales y políticos para evitar que el aborto sea legal, seguro y gratuito, como lo reclamaron en las calles millones de mujeres para poder decidir sobre sus cuerpos, vidas y sexualidades. Cuando la Provincia aplicó un Protocolo para los casos que contemplaba la ley –riesgo de muerte de la mujer y violación-, el Portal de Belén presentó en 2012 un amparo en la justicia provincial, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad que no era punible la interrupción del embarazo proveniente de toda clase de violación y que no era judiciable la situación de abortos que la ley permitía.
La voz de la iglesia
“Somos de las provincias viejas, que hicimos andar a la Nación, y cuando la hicimos andar, no le dimos todas las facultades…, le dimos solamente algunos poderes, jamás le hubiéramos dado el derecho de destruir a los niños en el vientre de su madre. Ustedes saben que no le pueden imponer a la provincia de Córdoba, que tiene en su Constitución la defensa de la vida desde la concepción. Ustedes no nos pueden imponer absolutamente nada, nada que vaya contra los derechos de un niño no nacido”, vociferó al plenario de las comisiones del Congreso Aurelio García Elorrio, fundador y abogado del Portal de Belén, mientras se exponían argumentos a favor y en contra del aborto legal, seguro y gratuito.
“En Córdoba hay restricciones al aborto no punible para que no se practiquen abortos, comparen las estadísticas entre Córdoba y Rosario y se van a dar cuenta”, dijo orgulloso el legislador provincial, cara visible de la asociación civil que desde hace 21 años influye en las decisiones de no pocos jueces provinciales para evitar desde el 2004 la implementación de la Ley Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, y desde 2012 el aborto no punible.
Ese amparo duerme desde hace seis años en el Tribunal Superior de Justicia, y según fuentes que hablaron con este portal, seguirá durmiendo hasta ver qué pasa con la ley de aborto legal que ya tiene media sanción en Diputados y que la semana entrante ingresará al Senado. Decían que iba a salir en febrero y cuando arrancó el debate, se paró.
El actual legislador provincial, Aurelio García Elorrio, viene judicializando desde hace años la aplicación del aborto no punible, y se opone al proyecto de aborto legal.
Silvia Juliá, abogada de Católicas por el Derecho a Decidir, la Asociación Civil que interviene en ese caso como tercero coadyudante del Ministerio de Salud de la Provincia, explicó a Al Revés que “el Portal de Belén no aceptó el apartamiento de la Dra. Silvia Palacio de Caeiro, una vocal que se excusó en esta causa, precisamente por tener una relación muy cercana con García Elorrio, situación que advertimos en la última presentación que hicimos ante el TSJ, el 27 de abril pasado”. Presentación que aún no tuvo respuesta.
Para Juliá, “el TSJ no tiene que meterse en políticas públicas y no puede actuar a partir de un grupo de presión, como son el Portal de Belén, Mujeres por la vida o Vida Humana Internacional, una organización con sede en Miami y que a través de Jorge Scala, representante para el Cono Sur, intentó en el 2003 sacarnos nuestra personería”.
Oscar Botta es médico, presidente en Argentina de Vida Humana Internacional y en su exposición ante los diputados repitió lo que dice la página web de la organización católica: “Alertar e informar sobre el efecto gravísimo de la anticoncepción y sus efectos abortivos en todas sus formas y sus consecuencias mortales para el matrimonio, la familia y la sociedad”.
“La estrategia del Portal, Vida Humana o Mujeres por la Vida, otro grupo católico de Córdoba, es judicializar los casos, y generalmente lo hacen a través de García Elorrio, quien por medio de la Pastoral Social del Arzobispado tiene mucha penetración en la justicia de CBA”, advierte la abogada de Católicas. “El Portal de Belén siempre estuvo muy vinculado a los Juzgados de Menores, y bajo la Ley de Patronato intervenían mucho en casos de embarazos adolescentes. Ya en el 2003 presentaron un amparo para frenar la aplicación de la Programa Nacional de Salud Reproductiva, y le iniciaron causas penales al entonces ministro de Salud de la Nación, Ginés González García”.
Sin embargo, a pesar de todos estos palos, quien desde hace décadas pelea por la aplicación del aborto legal, destacó que “esta ola es imparable, inclusive para nosotras, las más viejas, fue una sorpresa toda esta nueva militancia feminista”. Juliá también dijo que “fue muy importante lo que pasó con los diputados de La Pampa, ha servido muchísimo. La nueva ley va a estar en el Código Penal Nacional y no va a ser necesaria ninguna aprobación provincial, porque hasta la terminología es clarísima”.
En Córdoba, el movimiento feminista tuvo una expresión masiva y contundente a favor del aborto legal, seguro y gratuito.
El monje negro
“Oscar González era el operador en el ministerio de Salud, un tipo muy hábil que en sintonía con el Arzobispado armó todo lo del Protocolo provincial, y que es lo que sigue judicializado en el TSJ”, aseguró a Al Revés José Mántaras, médico sanitarista, ex Director de Atención Primaria de la Salud de la Municipalidad de Córdoba y docente universitario.
“González y Ñáñez consensuaron ese Protocolo provincial que es más restrictivo que el nacional. Pero el Protocolo es una herramienta para facilitar el trabajo de los equipos de salud, no para obstaculizar. El Código Penal lo establece en su artículo 86 y la Corte estableció que las provincias no podían judicializar esta práctica, basta con el consentimiento de la mujer en los casos de riesgo de muerte y violación”, afirmó quien fue uno de los 700 expositores en el Congreso, en su caso a favor del Aborto Legal.
Oscar González fue ministro de salud provincial, Jefe de Gabinete de De la Sota y es uno de los referentes más influyentes del peronismo cordobés.
Caza de brujas
El aborto es una demanda, existe en todos los niveles sociales, y el Portal de Belén es una institución que incluso se opuso a la implementación de los anticonceptivos en el sistema de salud público. La herramienta legal para hacerlo era la Ley Rezzónico, hasta que se derogó en 1996. Con esa ley, sancionada en 1978 por el entonces ministro de Salud de Menéndez, el estado prohibía a los agentes de salud recetar anticonceptivos.
El caso que duerme en el TSJ desde el 2012 no es el primero que tiene al Portal de Belén como protagonista. La asociación de García Elorrio presentó un amparo para prohibir la píldora del día después, que se llamaba Inmediat y para poder seguir comercializándola el laboratorio que la fabricaba le cambió el nombre. Así, esta asociación impidió que en la Argentina se pudiera utilizar ese anticonceptivo, con el argumento de que el prospecto argentino era diferente al que se vendía en Europa.
Como lo señalaron los especialistas a favor del aborto legal antes del debate, y los diputados durante la maratónica sesión, el aborto es una realidad. “El aborto es legal o clandestino”, sostuvo en su intervención la diputada Victoria Donda. “El aborto es un tema de justicia social, porque son las mujeres pobres las que mueren por abortos clandestinos”, advirtió a este portal Marcela Frencia, de la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito. Y ante la falta de políticas públicas para su acompañamiento, apareció como alternativa el Misoprostol, un medicamento que cuenta con reglamentación del ministerio de Salud y la Anmat, y cualquier médico puede recetarlo porque está aprobado para úlceras gástricas. Sin embargo, al estar prohibido salvo en los casos no punibles que establece la ley, este medicamente que en el 2006 costaba 200 pesos, hoy cuesta 3500.
Hoy, según diferentes cálculos, un aborto en un servicio privado cuesta entre 20 y 40 mil pesos, una cifra imposible para los sectores más vulnerables. Por eso as mujeres que sufren son las que solamente tienen la prestación del servicio público. En una mesa de salud que convocó la UNC y de la que participaron la Municipalidad, la Provincia, organizaciones feministas, diputados provinciales y nacionales, el secretario de Salud de la Municipalidad, Gabriel Acevedo, reconoció: “No vamos a hacer nada con el Protocolo hasta que no salga el fallo del Tribunal Superior”.
La única contención a las mujeres que se practican un aborto o están pensando en hacérselo, son las organizaciones de socorristas, el Misoprostol y algunos profesionales que asumen un compromiso con el tema. “Hoy existe la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, que brindan atención pre y pos aborto. Son 20 equipos en la ciudad de Córdoba y 120 a nivel provincial, pero hay una estigma muy fuerte por parte de otros profesionales y cero apoyo del Estado”, cuenta un integrante de esos equipos que prefiere no decir su nombre, pintando esta Córdoba de las campanas, que de la mano de Menéndez y Primatesta sepultó la Córdoba del Cordobazo y la Reforma del 18, pantano conservador y clerical del cual ni la marea feminista parece estar en condiciones de ayudarnos a salir.