Córdoba militarizada

Desde los tiempos negros de la dictadura que no se veía. Efectivos de la Gendarmería nacional están realizando operativos de control entre pasajeros de colectivos urbano de la ciudad de Córdoba y, aunque el gobierno de la provincia lo relativice, están saturando con vehículos y hombres armados distintas zonas consideradas “rojas” por la propia fuerza de seguridad provincial.

El Gobierno de Córdoba cambió su promocionado paradigma de “seguridad democrática” por uno de seguridad militarizada.

Anoche, una docente filmó el operativo realizado en una unidad de línea 22 de colectivos, en barrio Marqués de Sobremonte. Uno grupo de gendarmes subió al ómnibus, pidió documentos de identidad a los pasajeros y revisó algunos bolsos y carteras. Cuando la joven preguntó el motivo de la intervención, uno de los uniformados respondió que “Gendarmería en una fuerza de seguridad que realiza operativos en todo el país”.

Desde distintos barrios, vecinos reportan presencia de vehículos de distinto porte y uniformados con armas largas. Una policía que habló con el portal Al Revés dijo que “nunca se había visto” un desembarco militar como éste, y señaló que los agentes provinciales tienen la orden de acompañar a la fuerza nacional en sus operativos. De hecho, ambas fuerzas se integraron en el Comando Unificado Córdoba (CUC) donde se resuelven los procedimientos.

Acuerdo con Bullrich

La actuación de Gendarmería se enmarca en el acuerdo que firmaron Juan Schiaretti y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, por el cual se dispuso la presencia de 300 efectivos en la provincia para colaborar con control del narcotráfico y seguridad urbana. Para esto, el gobierno de Mauricio Macri reemplazó con las Fuerzas Armadas a los gendarmes que estaban destinados a controles de frontera, a partir del decreto 638/18 que habilitó al Ejército a ocuparse de tareas de seguridad interior.

Consultado por los medios locales, el secretario de Seguridad provincial, Alfonso Mosquera, afirmó que el mundo ya ha aceptado resignar privacidad en pos de mayor seguridad, remitió a conflictos con terrorismo y narcotráfico internacional que no son hipótesis en la provincia de Córodoba, y habló de potencialidad sospechosa de todos los ciudadanos. No descartó que los gendarmes puedan incluso parar vehículos y realizar controles en las calles, como la Policía provincial. Como en los peores momentos del Manhattan Institute al que asoció el fallecido ex gobernador José Manuel de la Sota a través de su aceramiento al “ingeniero” Blumberg y su prédica de mano dura con los cuidacoches.

Repudio de la Mesa de DD.HH.

A través de un comunicado, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba repudió la presencia de Gendarmería nacional en las calles de la ciudad y calificó de “hostigamiento” a la requisa en los colectivos. Además, recordó que ninguna ley obliga a los ciudadanos a mostrar el DNI.

“Un nuevo intento de militarizar el territorio del país con la excusa de la persecución al narcotráfico y la inseguridad en una franca actitud intimidatoria hacia los ciudadanxs y vecinxs contrario a derechos constitucionales y la libre circulación”, denunció la Mesa de DD.HH. “Patricia Bullrich, bajo órdenes de Macri y de las modificaciones de la ley N° 24.059 y en acuerdo con Schiaretti accionan y pretende hacernos creer que que la fuerza sospechada del asesinato de Santiago Maldonado va a garantizar la seguridad de los ciudadanxs”, agregó.

Según los organismos de derechos humanos, el acuerdo “se pretende acompañar con represión social las medidas de ajuste del gobierno Nacional”. Además, la Mesa sostuvo que “el silencio del fiscal general de la provincia Moyano, del resto de los fiscales actuantes y las explicaciones del secretario de Seguridad de la provincia, Alfonso Mosquera, que sostuvo que los gendarmes tienen facultades para intervenir en cualquier delito son prueba de este entendimiento antidemocrático”.