El buzón de los Macri

La causa del Correo es una nube negra para el gobierno en un horizonte electoral. En ese marco, los dos nuevos dictámenes de la fiscal general Gabriela Boquín hacen contrapeso con la estrategia judicial de la familia Macri de demorar la causa y que desaparezca de las primeras planas de la agenda pública.

“Lo que hizo la fiscal Boquín fue rechazar la demora de la causa y, aunque no lo diga el dictamen, la intención es que no se saque el tema de la agenda electoral. Los Macri pidieron suspensión de plazos por 120 días, eso caería en noviembre, justo después de las elecciones. La fiscal dice que no hay motivo para seguir demorando”, explicó a Al Revés el periodista Ari Lijalad, quien hizo estallar en los medios el caso del Correo, uno de los temas que más golpeó al gobierno. “Esto tiene dos salidas: la quiebra o el salvataje”, completó Lijalad.

Por otra parte, la fiscal expuso en el otro dictamen la manera en que los Macri desviaban fondos del Correo hacia sus naves nodrizas: Sideco y Socma. El diario Perfil reveló que la maniobra se hizo a través del pago de alquileres para oficinas y cocheras –que la empresa dice necesitar, aunque sólo cuente con cuatro empleados– y contratos de servicio –como por ejemplo, $ 113 mil mensuales por “gastos contables e informáticos”– todos en favor de sus otras empresas. En todo el mundo, eso se llama vaciamiento. “Lo que plantea ese dictamen es que la manera en que fueron vaciando Correo Argentino para llenar las arcas de Sideco y Socma fue totalmente irregular y que tienen que devolver la plata”, aseguró Lijalad.

Claro que el escenario es por demás complicado para el trabajo de la fiscal. Por el tiempo que lleva la causa sin avanzar, por el estado del sistema judicial argentino y la injerencia del gobierno en los tribunales, Boquín queda como la llanero solitaria. Para Lijalad, “es la única que está intentando que esto se solucione con el pago de la deuda del Correo” y que “todo el resto del sistema –político, empresarial, judicial- opera para que los Macri se salven una vez más de cumplir con las leyes”.

“El gobierno está operando muy fuerte para sacar esto de los medios y de la agenda electoral”.

Ari Lijalad, periodista

Estos dictámenes presentados por la fiscal deben ser respondidos por las juezas de la Sala B de la Cámara Comercial, aunque no tienen plazos para expedirse. Estas juezas tienen la causa empantanada desde hace siete años. Un proceso judicial absolutamente atípico, por no decir irregular. Como dice Lijalad, “la ley de quiebras dice bien claro que un concurso de acreedores debe resolverse como mucho en 120 días, pero esto ya lleva quince años”.