8
junio
2022
El máximo tribunal atraviesa uno de sus momentos de mayor decadencia.
Dos de sus miembros ingresaron originalmente por decreto. El actual presidente y el vicepresidente se autoeligieron como tales.
Fallan sistemáticamente a favor de los intereses de las élites y uno de ellos, Carlos Rosenkrantz, sostiene que detrás de cada necesidad no puede haber un derecho.
En este marco, los gobernadores con el apoyo del presidente y la vice avanzan con el proyecto de ampliar la Corte Suprema de Justicia. Reforma que ya había sufrido resistencia en 2 ocasiones anteriores.
La principal modificación que proponen es que el tribunal se conforme por 25 miembros, con la participación de al menos 12 mujeres.
La propuesta surge como un intento de construir un sistema judicial, plural, federal, con paridad de género y promover especialidades en la materia para garantizar una justicia eficiente.
Una comparación con naciones de la región y del mundo muestra que nuestra Corte Suprema cuenta con un menor número de integrantes. En otros países, la Corte está dividida en salas especializadas.
La República de Chile posee 21 miembros en su corte, Costa Rica 22, Colombia 23. La República Federativa de Brasil posee 11 miembros.
En el viejo continente la situación no es diferente.
En España, por ejemplo, el Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros y el Tribunal Supremo: el Presidente del tribunal, 5 presidentes de sala y 79 magistrados.
“Este proyecto no es poca cosa. Trae nuevos vientos y amplía el pacto federal. Hay una necesidad institucional por medios operativos”.
Miguel Rodríguez Villafañe, ex juez federal.
El 14 de diciembre de 2015, a 4 días de su llegada a la Casa Rosada, Mauricio Macri dictó el Decreto 83/2015.
Designaba “en comisión” a los doctores Rosenkrantz y Rosatti, como jueces de la Corte Suprema de Justicia. Hasta el día de hoy continúan como magistrados.
De esta manera 2 de los 4 miembros ingresaban en potestad de “llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”, como estipula el artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional.
De aquí surge la necesidad de la reforma. Debe entenderse por reforma a un cambio planificado por utilidad. Una modificación para lograr una mejoría. Y si de reforma se habla es inevitable que se altere el status quo de la justicia Argentina.
Los primeros en poner el grito en el cielo sobre este proyecto fueron los integrantes del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y sostuvieron que la iniciativa “es un mensaje grave que va en contra de la necesidad de constituir y mantener instituciones sólidas”.
Por su parte, Villafañe expresó “para los grandes intereses, el status quo es lo mejor. Tenés a 4 tipos allá arriba que votan lo que vos quieras”.
Y agrega en respuesta a la provocadora afirmación que formó parte del discurso del vicepresidente de la Corte Suprema, días atrás “Si decís ‘No puede haber un derecho detrás de cada necesidad’ es un acto de fe política con los poderes reales”.
Ese poder constituye un síntoma, una patología de nuestra democracia, que hoy especialmente atraviesa uno de sus momentos de mayor decadencia.
17
enero
2023
6
enero
2023
