Dale gas

Como si fuera una costumbre arraigada entre algunos poderosos empresarios – o algo habitual en la familia Macri – el ex presidente firmó una resolución a fines del 2018 que permitió convertir una deuda “privada” en “pública”. Puntualmente se trata del decreto 1053, el cual advierte que, “por las variaciones del tipo de cambio” – la devaluación – el Estado asume las “diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y el valor del gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1º de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019”. Es decir, que todos los argentinos nos hacíamos responsables del desfasaje que existía por pagar las boletas “en pesos”, cuando las distribuidoras de gas compraban el insumo en “dólares”. Gracias, obviamente, a una disposición del gobierno nacional que fijó los precios a un tipo de cambio variable en moneda extranjera.

Si bien Mauricio Macri, mientras todavía era presidente y a cuatro días de abandonar su cargo, decidió pagar 818 millones de pesos correspondientes a una de las 30 cuotas, el monto total de la deuda que se debía continuar abonando era de 24 mil millones de pesos. Frente a la gran estafa, hoy el Senado busca anular ese decreto/normativa para evitar que el Estado se siga haciendo cargo de ese plan de pagos. En realidad, la millonaria cifra adeudada pertenece a las distribuidoras de gas y forma parte de las brutales consecuencias que provocaron la dolarización de las tarifas y la posterior devaluación que llevó adelante “el mejor equipo de los 50 años”.

El desentramado del espurio negocio que Cambiemos realizó con las compañías, se complementa con la denuncia penal y la imputación al ex funcionario y CEO de Shell, Juan José Aranguren, por los perjuicios causados al Estado por la suma de US$ 400 millones. La presentación judicial presentada por el actual interventor del Enargas, Federico Bernal, detalla que hubo “una intervención ilegal de las autoridades del Ministerio de Energía y Minería y del organismo para favorecer a empresas productoras de gas, actuando contra la ley y estableciendo un pacto no permitido por ella para trasladarlo obligatoriamente a los usuarios”. Este reclamo fue apoyado por más de 250 organizaciones debido a los exorbitantes tarifazos que sufrieron los ciudadanos durante el gobierno de Mauricio Macri y que, “gracias a la estatización de los 24 mil millones de pesos de deuda”, ese costo – casi que – no fue derivado a los usuarios.