De familia bien

En la semana aniversario del Ni Una Menos, algunos funcionarios del Poder Judicial demostraron estar muy alejados de la perspectiva de género y mucho más cerca de un pensamiento “cavernoso”. Así como el fiscal de Rawson, Fernando Rivarola, utilizó el término “desahogo sexual” para explicar una violación grupal a una joven de 16 años en Puerto Madryn y dio cuenta de lo alejado que está de la Ley Micaela, ayer se conoció que otra funcionaria judicial – fiscal también – de la provincia de Córdoba, Alicia García de Solavagione, parece desconocer la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género, entre otras normas inclusivas que fueron sancionadas durante estos últimos años.

Ayer, la docente universitaria y titular de la cátedra A de Derecho Privado VI de la UNC, fue denunciada ante el INADI por la organización Devenir Diverse a causa de una serie de afirmaciones discriminatorias hacia el colectivo LGTBIQ+ que figuran en el manual “Derecho de Familia”, un material de lectura obligatoria del cual la fiscal es autora junto a otros colegas. Si bien en su prólogo habla de un enfoque “objetivo y fundamentado conforme a la concepción familiarista”, lo cierto es que cuestiona la unión civil entre dos personas de distinto sexo, concibe a la identidad trans como una patología y rechaza la idea de las familias de la diversidad. Por ejemplo, califica como “ficción jurídica” la aceptación de “las relaciones homosexuales” porque eso no implica su legitimación en la realidad. “La sociedad está en su derecho a proteger determinados modelos de matrimonio que están acordes con los datos biológicos”, sostiene el manual que fue declarado de “interés legislativo” por el Concejo Deliberante en el año 2016.

En la denuncia contra la fiscal en lo Civil, Comercial y laboral señalan que la autora transmite “consideraciones homolesbotransodiantes, ignorando el conocimiento científico y la legislación civil que rige en su propio país, concediendo autoridad al derecho canónico por sobre el derecho civil”. Además, consideran inadmisibles “este tipo de actitudes académicas que, abiertamente, violan derechos humanos y atentan contra una sociedad democrática”. La presentación recibió la adhesión de la diputada Gabriela Estévez, la abogada Marisa Herrera, la socióloga Dora Barrancos y el Cuerpo de Abogadas Feministas de Córdoba, entre otros referentes y organizaciones.

En el año 2017, Alicia García de Solavagione había denunciado por presuntas presiones al fiscal adjunto José Gómez Demmel en el marco de una causa vinculada a la Ley de Riesgos del Trabajo. El Tribunal de Ética resolvió desestimar la acusación porque, entre otros detalles, valoró que la docente universitaria había enviado una serie de mensajes de Whatsapp al acusado luego de la supuesta llamada telefónica “de apriete” del funcionario. El contenido de esos mensajes remitía a su posición ideológica – y contraria – respecto del primer caso de vientre subrogado que se analizó en los tribunales cordobeses, en donde ella era una posible candidata a participar de la causa.