Democratizar la inteligencia
Cristina Caamaño asumió hoy como interventora de la Agencia Federal de Inteligencia luego de que el presidente firmara el Decreto 52/2019 a partir del cual se propone una reformulación democrática del sistema federal de inteligencia que se vio vapuleado durante el gobierno de Mauricio Macri. La fiscal recibió el apoyo inmediato de figuras como la ex Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó, la actual presidenta de Justicia Legítima María Laura Garrigós de Rébori, y el ex canciller Rafael Bielsa quien dijo que era “una magnífica noticia para el Estado de Derecho, pero advirtió que “van a lloverle descalificaciones y operaciones”.
lunes, 23-diciembre-2019

Alberto Fernández encomendó a la nueva interventora de la AFI poner fin al "notorio retroceso institucional" que tuvo el organismo durante la presidencia de Mauricio Macri
“Me parece una excelente decisión”, aseguró la ex Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó acerca de la designación de Cristina Caamaño como interventora de la Agencia Federal de Inteligencia. “Es una de las personas más capaces que se podría haber elegido para poner orden en lugares difíciles”, agregó la ex funcionaria en referencia a la fiscal y ex presidenta de Justicia Legítima. En ese sentido, Gils Carbó recordó la labor de Caamaño al frente de la Oficina de Escuchas cuando el organismo pasó a depender de la Procuración General y dejó de estar bajo la órbita de la ex Side. “Cuando asume con lo primero que se encuentra es que la demora en lograr la conexión para una escucha en un caso de secuestro extorsivo era de dos horas. Ella lo redujo a veinte minutos y así disminuyeron los secuestros extorsivos”, señaló en declaraciones radiales esta mañana.
De igual manera se pronunció la actual presidenta de Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori, quien calificó a Caamaño como una profesional “discreta, eficiente y muy trabajadora”. Además, la ex jueza federal explicó que mientras la actual interventora de la AFI estuvo a cargo de la Oficina de Escuchas “mantuvo el personal y en ningún momento tuvo filtraciones”, en referencia a las escuchas ilegales que fueron difundidas en la siguiente gestión durante el gobierno de Mauricio Macri en donde- según se investiga – hubo vínculos pocos claros entre el Poder Judicial, la AFI y algunos periodistas. “La función específica de la AFI es realizar tareas de inteligencia en cuanto a relaciones exteriores y tiene prohibido hacer inteligencia interior”, sostuvo la ex jueza.
Quien también se mostró satisfecho con la elección de Cristina Caamaño al frente de la AFI fue el ex canciller Rafael Bielsa – quien hace unos días fue designado embajador en Chile – que expresó vía Twitter que era una “magnífica noticia para la democracia y para el Estado de Derecho”, pero que iba a repercutir en “su propia calidad de vida” porque “van a lloverle descalificaciones, operaciones, desestabilizaciones y abominaciones” que “serán reproducidas como conejos por usinas mediáticas”. A través de esta manifestación pública, el abogado advirtió de los posibles peligros y amenazas que tendrá que sobrellevar Caamaño ante la reestructuración de todo el sistema de inteligencia e información estratégica del Estado que le solicitó el presidente Alberto Fernández y llamó a la ciudadanía a acompañar el coraje y la labor de la fiscal. “No se me ocurre un rol más importante, urgente e indispensable que el que aceptó desempeñar, y le deberemos gratitud”, destacó.
El decreto 52/2019 firmado por el presidente Alberto Fernández y que fue publicado el pasado 20 de diciembre en el Boletín Oficial establece la intervención de la AFI por el plazo de 180 días; el carácter público de las modificaciones dispuestas por la Interventora; y la elaboración de una propuesta de reformulación del Sistema de Inteligencia Nacional que garantice la producción de información de calidad y oportuna para la seguridad interior, la defensa nacional y las relaciones exteriores de la Nación. Otro punto clave en el intento de democratizar el organismo es la derogación del decreto del año 2016 en donde se estipulaba “el secreto” respecto de los fondos reservados, con el objetivo que parte de ese presupuesto sea reasignado a “las políticas públicas nutricionales y educativas que resultan estratégicas para abordar la emergencia social”.