Dentro de la ley, nada

Además del conflicto de intereses que implica ocupar un cargo estatal y de una empresa privada al mismo tiempo, muchos de los funcionarios del gobierno nacional violan la Ley de Ética Pública, que dice que deben pasar tres años para poder ser nombrado en un área que tenga vinculación directa con los sectores de las cuales provienen y son regulados por el Estado. En Energía es la mitad de su planta jerárquica, pero atraviesa a todo el gobierno de los CEOs.

 domingo, 19-agosto-2018


Por Camilo Ratti

La demonización de la política y la pontificación del éxito empresario abrió las puertas del Estado a los CEOs de las principales multinaciones. Sin embargo, el “mejor equipo de los últimos 50 años” que busca convertir a la Argentina en una sociedad anónima, podrá ser muy eficiente a la hora de garantizar la rentabilidad de los empresarios amigos, pero poco afecto al cumplimiento de las leyes.

En un amparo colectivo presentado en la justicia federal de Córdoba en septiembre del 2016 en representación de Apyme, el abogado Miguel Rodríguez Villafañe demostró la incompatibilidad ética y funcional del entonces Ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y la nulidad de todas las resoluciones adoptadas por dicho funcionario que terminaron en tarifazos descomunales.

El argumento jurídico que le cabía al renunciado CEO de Shell es aplicable a la mayoría de los funcionarios que conducen el Estado nacional: la Ley de Ética Pública establece que deben pasar tres años para que una persona que llega desde una empresa privada al Estado, intervenga en cuestiones que tengan vinculación directa con el sector que debe regular desde su función pública.

En el caso de Aranguren no habían pasado ni seis meses cuando asumió su cargo en el Estado: dejó la presidencia de Shell el 30 de junio del 2015 y llegó al gobierno el 10 de diciembre de ese año, cuando juró como Ministro de Energía y Minería del macrismo con el objetivo de que la petrolera angloholandesa desplace a YPF como empresa testigo y reguladora del mercado argentino. “Si se aplicara la ley, todos los aumentos aprobados por el gobierno desde hace dos años a esta parte en los servicios públicos son nulos de nulidad absoluta”, explicó Rodríguez Villafañe a este portal.

funcionarios viola la ley de ética pública.

Los ejecutivos que asumen en el Estado lo hacen violando la Ley de Ética Pública.

Ni éticos ni legales

Mucho más grave es la situación del reemplazante de Aranguren, Javier Iguacel: como publicamos en el anterior informe de Al Revés, el actual ministro figuraba a junio del 2018 como autoridad de la empresa Ergon S.A, una compañía dedicada a los negocios petroleros. No solo asumió sin cumplir el tiempo que establece la Ley de Ética Pública, sino que ¡nunca abandonó la actividad privada que debe controlar desde su cargo de ministro!.

En esa cartera, 27 funcionarios con responsabilidades jerárquicas figuraban como autoridades o directores de empresas privadas, muchas de las cuales tienen vinculación directa con quienes desde el Estado tienen la responsabilidad de controlarlas y regularlas. El conflicto de intereses involucra a 269 funcionarios de la gestión macrista, pero en Energía esta situación es particularmente bochornosa por la magnitud.

Lo mismo cabe para David José Tezanos González, quien el 14 de enero de 2016 fue nombrado presidente del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) un día después de dejar la presidencia del directorio de Metrogas S.A, la distribuidora de gas del área metropolitana de Buenos Aires.

Lo reemplazó Mauricio Roitman, quien desde fines de 2014 hasta diciembre de 2015 se desempeñó como Jefe de Proyectos de Consultoría en Energy Consulting Services, y antes fue consultor de la firma Montamat & Asociados, en abierta contradicción de lo que establece el artículo 15 de la Ley de Ética Pública 25.188.

la decisiones que toman son nulas.

Los tarifazos autorizados por funcionarios del Ministerio de Energía son nulos de nulidad absoluta.

El interés colectivo pisoteado

En respuesta al amparo colectivo presentado en 2016 por Apyme, el Poder Ejecutivo Nacional dijo en su momento que las limitaciones de la Ley de Ética Pública deben ser analizadas “desde el punto de vista del interés colectivo, en cuanto establecen límites para que el Estado pueda sumar a sus filas a profesionales que pudieran encontrarse altamente calificados en ciertos sectores o industrias”.

Con el afán de defender los intereses privados en detrimento del bienestar de la ciudadanía que dice representar, el gobierno insistía en que “la estricta prohibición que devendría de una inteligencia cerradamente literal del artículo 15 de la Ley 25.188, imposibilitaría a que el Estado cuente con los mejores especialistas en cada área, con el consiguiente perjuicio para el interés general”.

Y en un estropicio legal y ético, le decía al juez que si se hacía lugar a la exigencia de Apyme, “nos encontraríamos ante una irrazonable aplicación de las disposiciones de la Ley de Ética Pública y una limitación que obstaría a la eficiencia de la función pública”.

La defensa de los abogados del Estado a la presentación de Rodríguez Villafañe no sólo buscaron justificar la ilegalidad, sino que a dos años de aquel amparo las consecuencias para las mayorías populares son elocuentes: tarifazos impagables y multimillonarias ganancias para las empresas energéticas, algunas de ellas propiedad de los “amigos del alma” del Presidente.