Denuncia por discriminadores de viejos

El abogado especialista en derecho previsonal Miguel Fernández Pastor denunció ante el Inadi al presidente Mauricio Macri, al ministro de Finanzas, Nicolás Dujovne y a la cúpula de la Anses y del Pami “discriminación” contra los beneficiarios de la seguridad social y le solicitó al titular del organismo antidiscriminación que derive la presentación a la justicia penal.

Concretamente, el también amparista contra la última reforma previsional pidió al Inadi que actúe frente a los hechos de “discriminación y formas conexas de intolerancia” que subyacen en “acciones relacionadas en perjuicio de los beneficiarios de la seguridad social”. Según el texto de la denuncia, los mencionados podrían “haber cometido actos discriminatorios o violado la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)” en contra de los intereses de los “beneficiarios de la seguridad social, y en particular, con los jubilados y pensionados”.

En una exposición de 42 páginas, Fernández Pastor desmenuzó la connotación de expresiones vertidas por Macri y Dujovne, a las que consideró discriminatarias y falaces.

Además, el abogado resaltó que, con la última reforma previsional que a fines de 2017 modificó la fórmula del cálculo de la movilidad de los haberes, las jubilaciones perderán 30 puntos en relación a la inflación acumulada. “Si la inflación de 2018 alcanza el 50% que todos los analistas estiman y divulgan, la inflación acumulada en los quince meses correspondiente al periodo septiembre de 2017/diciembre de 2018 será del 59,1%, y en idéntico período la movilidad jubilatoria alcanzará el 28,4%, es decir que los beneficiarios de la seguridad social perderán contra la inflación más del 30%”, resaltó Fernández Pastor.

Las sucesivas discriminaciones

Un caso es la afirmación presidencial que “el sistema de seguridad social no es sustentable”. “Cuando el presidente dice que el sistema previsional es inviable, lo que está diciendo es que no está dispuesto a proteger a sus beneficiarios, que no va a hacer nada para mantenerlo y que las convenciones internacionales ratificadas por nuestro país no le importan en absoluto”, afirmó el abogado, tras considerar un absurdo técnico el concepto de “insustentabilidad” ya que esa condición “podría aplicarse a cada área de Gobierno y así serían insustentables: la salud, la educación, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, el Poder Legislativo e incluso, llevado este argumento al extremo el propio Presidente de la Republica”. “Esto es así ya que cada área de gobierno se lleva una parte del ingreso nacional, esa distribución de recursos para cada sector se realiza en el Presupuesto Nacional, de allí que a la ley de presupuesto se le llame como la Ley de Leyes”.

Por otra parte, el abogado y ex director de Anses denunció al ministro Dujovne por sus dichos contra las jubiliaciones otorgadas bajo el régimen de moratoria contemplado en la ley 25.994 y sus modificatorias y complementarias. “Mucha gente nos pide que demos de baja las jubilaciones que fueron otorgadas por el régimen de moratoria. Durante el kirchnerismo, de dos millones de jubilados pasamos a cinco millones y medio de jubilados”, dijo el funcionario nacional en un programa radio. A este tema, el especialista recordó que los millones de viejos que pudieron jubilarse con ese sistema, lo hicieron pagando cuotas de una moratoria que se cumplió en su totalidad y que sus pensiones estan validadas por ley.

Asimismo, Fernández Pastor denunció a las autoridades nacionales por discriminación de género, ya que el Plan de Inclusión Jubilatoria de la ley 25.994 fue remplazado por la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), lo que permite acceder al beneficio a las mujeres mayores de 65 años con historial de trabajo en negro (cuando el resto de las mujeres se jubila a los 60 años y esa edad se respetó para los jubilados “por moratoria”) y además, implicó una baja sustancial en los haberes.