Desmonte con contactos políticos

“La empresa Petrocor, de los hermanos Pérez, desmontó con tractor topadora 441 hectáreas, el doble de la superficie autorizada por la Secretaría de Ambiente en el campo La Libertad, además de no cumplir con las condiciones mínimas de preservación que causaron una importante degradación del bosque, con menos del 5 por ciento de los árboles en pie y utilizando agroquímicos”, relató a Al Revés Joaquín González, abogado del Movimiento Campesino de Córdoba.

Dicho campo es parte de una disputa judicial entre las 30 familias del movimiento campesino de Córdoba, que reclaman la posesión efectiva de 4500 hectáreas de las 8900 que tiene este campo, rematado en 2013 a partir de la quiebra de la firma Feigin Hnos., y adquirido por los Pérez. “El lunes hicimos la denuncia en la policía ambiental, que es la que libra un acta después de constatar en el lugar que el campo ha sido desmontado y desforestado sin cumplir los requisitos legales, y se abrió un expediente”, indicó González a este portal. “En caso de que se confirmase el desmonte ilegal, porque esta empresa desmontó el doble de lo solicitado a la Secretaría de Ambiente, además de no haber cumplido con el desmonte selectivo para evitar la degradación del lugar, se le aplica una multa económica a los empresarios y se suspenden las actividades de desmonte”.

De todas maneras, la organización advirtió que ésta es una parte del problema. “Nosotros presentamos ante la justicia la posesión efectiva por 4500 hectáreas, que es donde viven, producen y trabajan 30 familias campesinas. Eso está en juicio, porque los hermanos Pérez las reclaman como propias”.

“Hicimos la denuncia del desmonte ilegal en la policía ambiental, quien constató in situ que los hermanos Pérez, con vínculos con funcionarios radicales de la Municipalidad de Córdoba, desmontaron el doble de lo permitido y con procedimientos no permitidos.

Joaquín González, abogado del Movimiento Campesino de Córdoba.

¿Quién compró el remate La Libertad?

Es la pregunta que se hacen los abogados del Movimiento Campesino y las 30 familias que reclaman derechos posesorios y uso productivo ancestral “Este proceso de remate se hizo a instancias del intendente de Quilino, Ariel Rivero, y la Diputada de la UCR, Soledad Carrizo, el titular de la hipoteca, Alfredo Beltrán, y el titular de bancada provincial de la UCR en Córdoba, Orlando Arduh. Y después de sufrir todo tipo de atropellos y amenazas en nuestra tierras, nos enteramos que uno de los abogados de los Pérez, Alfredo Zoia, trabaja para la Municipalidad de Córdoba, atiende en ese mismo lugar y utiliza su despacho municipal para asesorar a los Pérez”, relataron los abogados campesinos en un comunicado.

Como si esto fuera poco, los abogados revelaron a este portal que “nos enteramos que la especialista en cartografía de parte de PETROCORD es la misma directora de catastro de la Municipalidad de Córdoba, la Ingeniera Civil Silvia Mira.O sea, en medio de la compra del campo por parte de los hermanos Pérez aparecen Arduh, ex cuñado del intendente Mestre, Zoia, asesor letrado de la Municipalidad, y Mira, también funcionaria municipal”.

Con toda lógica, los dueños ancestrales de esas tierras se preguntan: “¿Quién o quiénes compraron las tierras? ¿Qué tiene que ver la Municipalidad de Córdoba en esto?