Diez mil despidos bajo el poncho

10 mil trabajadores públicos nacionales precarizados, una porción de ellos cordobeses, que obtuvieron sus puestos de trabajo a través de convenios entre el Estado y diversas universidades públicas, perderán sus empleos el 31 de diciembre próximo.

Esta decisión es parte de lo que dispone el Decreto presidencial N° 632 publicado hoy en el Boletín Oficial. La norma ordena no sólo el congelamiento de ingresos al Estado hasta diciembre de 2019. En su artículo 3, deja sin efecto los convenios de Servicios de Asistencia Técnica con las universidades, vigentes desde el gobierno anterior, por lo que los contratados con esa modalidad quedarían afuera automáticamente.

Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de ATE, dijo a Al Revés que según los cálculos de la organización “son diez mil los trabajadores” que perderán sus empleos y no seis o siete mil, como se viene informando.

“Es un fraude laboral que viene desde la anterior gestión. Este gobierno se había comprometido a darle una solución, pero la solución que encontraron fue la peor de todas”, señaló, y aclaró que el mismo decreto que deja cesante a los trabajadores impide que sean incorporados a planta permanente. “Los trabajadores no tienen la culpa de su situación laboral”, remarcó.

Según información brindada por Godoy, algunos de los cesanteados tienen 10 y más años de antigüedad y fueron designados por las universidades para cumplier tareas en el Estado nacional. La administración pública le paga a las casas de estudios, aunque en algunos casos, el pago es directo al trabajador. “Están en distintas áreas del estado nacional, en CABA y en las provincias”, indicó el dirigente. Los salarios promedio de un estatal nacional (sin organismos descentralizados) van de los 15 a los 22 mil pesos.