“¡Documento!”: el control total de Pato

El Ministerio de Seguridad, con Patricia Bullrich a la cabeza, dispuso que los efectivos de fuerzas de seguridad puedan exigirles el DNI a las personas que circulen por las estaciones de trenes. El plan, que tiene un aroma a los años más oscuros del país, se llama “Ofensores en trenes”. Para el CELS “es inconstitucional”.

 jueves, 3-octubre-2019

Patricia Bullrich da otro paso más en la instalación de una doctrina represiva profunda.


El Gobierno intensifica su política represiva de la mano de la doctrina Bullrich. La ministra de Seguridad lanzó hoy –con la publicación de la resolución 845/2019 en el Boletín Oficial- el “Programa ofensores en trenes”, que consiste en habilitar a las fuerzas de seguridad a exigir el DNI a aquellas personas que circulen por las estaciones de trenes del país. “La presentación del documento nacional de identidad expedido por el Registro Nacional de las Personas será obligatoria”, detalla el texto.

Lo que no indica la resolución es qué criterio deberán utilizar los agentes de las fuerzas represivas para pedir el DNI, por lo que se supone que quedará a libre albedrío, basado en prejuicios –color de piel, vestimenta, etc.- con la lógica de la ‘portación de rostro’. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) dijeron que “esta decisión del gobierno promueve que las fuerzas de seguridad detengan con criterios discriminatorios”.

“Instrúyase a las Fuerzas Policiales y de Seguridad a los efectos de que extremen los recaudos y facultades de control que le son propias en zonas de ingreso, egreso, tránsito y/o permanencia de personas que utilizan el transporte público en trenes de pasajeros”, reza la resolución, y que lo que se hará será “la verificación de identidad de las mismas”. “Tendrá por finalidad la prevención de delitos en el sistema de transporte público de trenes de pasajeros”, remata.

Si la persona identificada tiene algún tipo de restricción judicial, el agente de seguridad deberá labrar un acta.

Para el CELS, el plan “es inconstitucional” ya que “contradicen las leyes y estándares internacionales que prohíben detener a alguien si no hay sospechas fundadas de la comisión de un delito”. “Es una medida que criminaliza a les trabajadores mediante un exceso de controles innecesarios e injustificados. Está comprobado que estas medidas ponen en riesgo los derechos fundamentales y, además, son ineficientes para prevenir delitos”, expresaron desde esa organización.