Dunga Dunga

En el marco de la polémica solicitud de grandes empresas como Clarín, Techint y Ledesma para ser registradas y beneficiadas por el programa ATP – que el Estado abone la mitad de los sueldos de abril a sus trabajadores – para “amortiguar el impacto económico” de la cuarentena, la diputada nacional del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, deslizó la posibilidad de que, en virtud de este auxilio, el Estado tenga participación en las acciones de dichos grupos económicos.

La idea – que no es ni siquiera un anteproyecto de ley – generó un revuelo inmediato entre algunas figuras de la oposición que, con frecuencia, asumen el rol de defensores de los intereses de los propietarios de las poderosas compañías. Esta mañana durante una entrevista en Futurock, el ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, dijo que la iniciativa es de una “visión radicalizada”. “Me parece tremendo. O sea, ayudan a las empresas a para pagar salarios y después se quieren quedar con la empresa”, cuestionó quien fue compañero de fórmula de Mauricio Macri. “Es chavismo puro, un modelo totalitario”, analizó el ex legislador.

Pero quizás, la que sorprendió con un “profundo análisis político” fue la ex ministra de Seguridad y actual titular del Pro, Patricia Bullrich. Además de calificar la propuesta como “descabellada” y “absolutamente fuera de lugar”, la protagonista de los videos de Tik Tok explicó a Cadena 3 que el Estado ofrece pagar el 50% de los sueldos “a cambio de dunga-dunga, me quedo con lo tuyo”. “Matar a las firmas, chicas, medianas y grandes, es terminar con un mundo privado y eso destruye todo. Ya bastante le cuesta al mundo privado mantener al público enorme e ineficiente”, se molestó.

Quien sí se mostró de acuerdo fue el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que resaltó a Radio Con Vos que “es un tema que se está discutiendo a nivel mundial y que es realmente interesante”. “Quizá le veo algunos problemas operativos, pero no discuto el tema de fondo”, aseguró el funcionario del gobierno nacional. Por su parte, la diputada Vallejos criticó que muchos “actores” políticos no sean capaces de diferenciar entre “capitalización” – término que ella utilizó – con “expropiación”, a la vez que aclaró que se refería a los casos de los “grandes grupos económicos cotizantes en Bolsa” y no a las Pymes.

La iniciativa se replica en varios países del Primer Mundo es donde el Estado es accionista en distintas empresas: Alemania de Volkswagen, Francia de Renault, Estados Unidos de Chrysler y General Motors, Italia de Finmeccanica, España de Hispasat y el Reino Unido del Lloyds Bank.