El 2001 peruano

Como si fuera una maldición – o parte de un sistema político contaminado desde hace años – Perú vivió una semana convulsionada a nivel institucional. Con destituciones, encarcelamientos y hasta un suicidio entre los últimos seis mandatarios y con 68 legisladores procesados por corrupción, el martes pasado el Congreso del país andino votó la deposición del presidente Martín Vizcarra – Peruanos por el Kambio – acusado de “incapacidad moral” por recibir sobornos, presuntamente, allá por el 2014.

Al día siguiente, asumió el mando del país quien era el titular del Parlamento, el empresario ganadero, Manuel Merino – Acción Popular – quien está sospechado de impulsar la maniobra golpista. A sólo cuatro días de haber asumido su mandato y tras una feroz represión que terminó con el asesinato de dos jóvenes y más de cien heridos, presentó su renuncia irrevocable. Hoy, sin que haya transcurrido una semana desde que Vizcarra abandonó obligadamente el poder, el Congreso aprobó el nombramiento del congresista del Partido Morado, Francisco Sagasti, como titular de la Mesa Directiva del país. Había votado en contra de la destitución.

Con una lista de coalición compartida con Mirtha Vásquez (Frente Amplio), Luis Roel (Acción Popular) y Matilde Fernández (Somos Perú), el ingeniero y ex funcionario del Banco Mundial será el presidente interino de una nación atravesada por una grave crisis institucional, sanitaria y económica, y tendrá que brindar respuestas a una juventud movilizada y cansada de la clase política. Ocupará esa función hasta julio del 2021, luego de que se concreten las elecciones de abril próximo. Mientras tanto, la fiscal general, Zoraida Ávalos, dio curso a una investigación judicial contra Manuel Merino; el exprimer ministro, Ántero Flórez Aráoz; y el titular del Interior, Gastón Rodríguez Limo, por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y lesiones a partir de la denuncia de ocho organizaciones de derechos humanos.