“El aborto legal es un tema de justicia social”
Lo señaló a este portal Marcela Frencia, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, una de las 300 organizaciones que participan de la campaña nacional “AboroLegalYa”, y que culminará hoy con un pañuelazo (el símbolo de la campaña) frente al Congreso Nacional y en plazas de todo el país. “Las mujeres pobres son las principales víctimas de la ausencia estatal, porque carecen de los medios para poder practicarse un aborto seguro, que se hace igual, con o sin ley”.
lunes, 19-febrero-2018

Los pañuelazos por la IVE continúan. Ahora profundizaron su campaña los sectores antiaborto.
500 mil mujeres abortan por año de manera clandestina en Argentina por la falta de una legislación sobre el tema. La cifra, escalofriante, es motivo suficiente para que los diputados y senadores se sienten en el Congreso a discutir una ley, sin importar la ideología o el espacio al que representan. Algo que hasta el momento no se logró, a pesar de los esfuerzos del movimiento feminista, que lleva diez años impulsando la Campaña Nacional por un Aborto Legal y Seguro.
“Esta es la séptima vez que vamos a presentar el proyecto en el Congreso, que ya cuenta con el acompañamiento de 60 diputados que comprometieron su firma. Es un proyecto transversal, tiene el aval de todas las fuerzas políticas”, dice a este portal Marcela Frencia, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, una de las 300 organizaciones que este lunes 19 de febrero hicieron posible la campaña “AbortoLegalYa”, que fue tendencia mundial en twitter, y que culminará con un “pañuelazo” frente al Congreso Nacional y en diferentes plazas del país. En el caso de Córdoba, en la Plaza San Martín.
“El problema de la clandestinidad afecta mucho más a las mujeres pobres, porque quien tiene posibilidades económicas, puede acceder a un aborto más seguro. En cambio, las mujeres pobres ponen en riesgo su vida o su salud”.
Marcela Frencia, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir.
“Llenaremos la plaza de pañuelos para concientizar sobre este tema”, señala Frencia, quien espera que esta vez el proyecto no pierda el estado parlamentario por falta de tratamiento en las comisiones del Congreso. “La campaña ya lleva diez años y participan organizaciones sociales, universidades, sindicatos y personalidades públicas. Además de hacerse como parte del recorrido al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el objetivo de hacerlo hoy es visibilizar este nuevo proyecto de despenalización, que cuenta con firmas de diputados del PRO, la UCR, el kirchnerismo, socialistas y partidos de izquierda, hay adhesiones de todos los bloques”.
El aborto clandestino es la principal causa de muerte en Argentina, pero no impacta de la misma manera en todas las mujeres: “La despenalización es un tema de justicia social, porque hay mucha desigualdad”, advierte Frencia, y agrega: “Independientemente de que las mujeres practican el aborto exista una ley o no, el problema de la clandestinidad afecta mucho más a las mujeres pobres, porque quien tiene posibilidades económicas, puede acceder a un aborto más seguro. En cambio, las mujeres que no lo tienen ponen en riesgo su vida o su salud”.
Con años de militancia en el tema, Frencia resalta que “la mujer es responsable de llevar a cabo esta decisión, que no es nada feliz, pero tiene que tener el derecho a decidir sobre su cuerpo. Y si no tiene el apoyo del Estado, se las empuja hacia la clandestinidad y la muerte”.
Con la fe a otra parte
La resistencia legislativa que hasta el momento impidió que el Congreso discutiera un proyecto de ley, tiene según la entrevistada motivos de índole religiosa que no deberían intervenir en un tema de salud pública y derechos individuales: “El sociólogo Juan Marcos Vaggione advierte que hay un autodisciplinamiento en los diputados ante cuestiones religiosas, pero somos un país laico y no se contempla la decisión de las mujeres”.
En este sentido, cuestiona que “las instituciones conservadoras terminan pesando e influyendo en lo político”, inclusive en gobiernos que implementaron políticas públicas que reconocieron e incluyeron a las minorías, como fue la Ley de Matrimonio Igualitario y La Ley de Identidad de Género durante el gobierno de CFK, quien sostenía que debía ser el Congreso y no el Poder Ejecutivo quien impulsara un proyecto de ley.
“El movimiento feminista ha crecido mucho, y la presión social que estamos ejerciendo se advierte hasta en los medios masivos de comunicación, que incorporan estos temas en sus agendas. Creo que hemos roto un techo que permite que mucha más gente esté hablando del tema”, valoró Frencia.