El ajuste con sangre entra

Hace pocos días, el presidente Lenín Moreno defendió a la dictadora Jeanine Añez – acusada de “sedición, conspiración y terrorismo” por la Justicia boliviana – y respaldó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, el gran instigador del Golpe de Estado a Evo Morales. “Ecuador hace un llamado para que la política no intervenga en la justicia de los países latinoamericanos”, twitteó el ex vicepresidente de Rafael Correa (a quien traicionó).

La postura de Lenín Moreno reviste coherencia si se tiene en cuenta que es un personaje casi de la misma calaña que Añez y demás secuaces de la región. Asumido en el marco del lawfare, el mandatario ecuatoriano endeudó al país de manera millonaria con el FMI y, como contrapartida, anunció un brutal paquete de medidas económicas – ajuste al sector público, reducción salarial y la eliminación de los subsidios al combustible – que trató de imponer mediante la violenta represión ocurrida en octubre de 2019.

Los 11 días de convulsión social dejaron como resultado alrededor de 250 vulneraciones a los DDHH, 112 aprehensiones violentas y arbitrarias, y 16 agresiones a trabajadores de la prensa por parte de agentes estatales. Los datos fueron revelados hoy por la Defensoría del Pueblo que, a través de un informe, concluyó que Lenín Moreno es el responsable directo de los delitos de lesa humanidad contra el pueblo ecuatoriano.

Desde la Comisión de la Verdad detallaron que las fuerzas de seguridad atentaron contra el derecho a la vida, a la libertad y a la integridad física, psicológica y sexual de las víctimas. “Hubo mutilaciones, lesiones oculares y agresiones a personas con discapacidad”, precisaron. También agregaron que se vulneró el principio de presunción de inocencia y que no existió acceso a la justicia para denunciar lo sucedido.

“Exigimos verdad, justicia y reparación”, expresó Sybel Martínez, titular de la comisión. “Las políticas públicas siempre deben ser construidas con la participación de la ciudadanía”, recordó.