El ajuste donde más duele

Por Camilo Ratti

Cuando la imagen del gobierno nacional se desplomaba al ritmo del salario real y las jubilaciones, la pata judicial del oficialismo decidió sacrificar el macho en primera mano: Claudio Bonadío, el juez más cuestionado de la justicia federal, ordenaba un raid de allanamientos y detenciones de exfuncionarios kirchneristas e importantes empresarios de la obra pública por supuestos pagos de coimas.

Las fotocopias de los “Cuadernos de Centeno”, el exchofer del número 2 de Julio De Vido, aparecieron cuando la investigación de los aportantes truchos en la campaña de Cambiemos amenazaba con tragarse de un solo bocado a María Eugenia Vidal, el hada madrina que venía surfeando la crisis que varios economistas aseguran terminará en un tsunami social.

En lenguaje climático –que tanto gusta utilizar el oficialismo- la tormenta perfecta está por desatarse sobre las familias más vulnerables de este país. El borrador del Presupuesto de 2019 que Macri negocia con gobernadores incluye fuertísimos recortes en políticas sociales, alimentarias, educativas y de obra pública, que se suman al quite de subsidios en las tarifas de servicios públicos, aumentos mensuales de los combustibles y un dólar inestable que impacta de lleno en los precios de los productos básicos de la canasta familiar.

En números fríos, el acuerdo con el Fondo es bajar el déficit fiscal de 2,7% del PBI al 1.3% para el año próximo. Sólo si la inflación del 2019 es del 17% -como calcula el gobierno en el Presupuesto-, cada punto porcentual del PBI son 189 mil millones de dólares. Para dimensionar esa cifra, es el doble de lo que este año el Estado Nacional va a destinar a Salud o cerca del cuádruple de la partida para Prevención y Asistencia Social.

El ajuste que viene

Si se analiza la hoja de ruta que antes del 15 de septiembre tiene que estar en manos de los diputados para empezar discutirse, la administración macrista se ubica incluso a la derecha del FMI. Quienes prometieron “Pobreza 0” antes de llegar al gobierno, afilan las tijeras sobre los millones que transpiran para llegar a fin de mes o apenas logran sobrevivir: recortes sobre programas sociales, alimentarios y hasta de abastecimiento de leche para madres y niños.

Para el 2019 el ajuste se profundizará sobre quienese más necesitan la ayuda del Estado.

Según un informe del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), “la partida Ayudas Sociales a Personas sufrirá el próximo año un recorte nominal por 1700 millones de pesos, lo cual se traduce en un ajuste real de 22% con respecto a 2018”, que afectaría al 10% de los beneficiarios.

En el trabajo que dirige el economista Andrés Asiaín, el Plan Alimentario Nacional y Compra de Leche del Plan de Madre y Niño busca ser reducido un 91% en términos reales. “Son 8.700 millones de pesos en recortes en programas alimentarios, una bestialidad que impacta en los más débiles”.

“La crisis ya se siente”

Lo reconoció el gobernador Schiaretti la semana pasada, cuando los números de la recaudación provincial quedaron debajo de la inflación interanual. Quien venía acompañado las decisiones de su amigo Macri en los primeros dos años de gestión, deberá abrir más que un paraguas para soportar los piedrazos que afectará la economía cordobesa.

“En términos reales se prevé recortar un 50% las transferencias de la Nación hacia las provincias”, explica el informe de Asiaín, que precisa por dónde pasará el ajuste: el Fondo Nacional de Incentivo Docente, Compensaciones Salariales y Ex Fondo Compensador sufrirá un recorte del 92%. Sí, leyó bien, ¡un 92%! Las universidades nacionales, que están en pie de guerra por los recortes, sufrirán un ajuste nominal del 75%.

El recorte a las provinicas afectará la obra pública y el sistema educativo por el ajuste al Fondo de Incentivo Docente.

Obra pública no, deuda sí

Como informamos en este portal, la obra pública que financia la Nación clavó el freno de mano hace tres meses y parece que el motor no va arrancar: en el escenario más optimista el Gobierno Nacional estima gastar sólo 90 mil millones de pesos de los 247 mil que estaban presupuestados. Es decir, 157 mil millones de pesos que en 2018.

El titular de la UOCRA Córdoba, Néstor Chavarraía, advirtió a Al Revés que hay 40 mil puestos de trabajo directos que están riesgo si la construcción no arranca con la mezcla. Pero a ese número hay que multiplicarlo por 5, por el efecto dinamizador que tiene este sector sobre otros de la economía.

“Todo el ajuste que el gobierno piensa ejecutar es para garantizar los servicios de la deuda, que es el único componente de la economía que crece”, remarcó a este medio José María Rinaldi. El economista cordobés precisó que el “endeudamiento en dos años ha sido de 100 mil millones de dólares, algo insostenible”.

La titular del FMI, Cristine Lagarde, junto al Presidente argentino, Mauricio Macri.

Según informes sobre la deuda publicados en la secretaría de Finanzas de la Nación, de acá a diciembre de 2019, el país tiene que cancelar 44 mil millones de dólares en servicios y amortización de capital. “Como el gobierno no va a poder pagarlo, los irá reprogramando y siempre con mayor interés, lo que nos lleva derechito a estrellarnos con el quinto default argentino”, advirtió Rinaldi.

Con una inflación descontrolada por múltiples factores –el déficit fiscal es sólo uno de ellos-, los sectores más empobrecidos de la Argentina perderían en el siguiente presupuesto unos 50 mil millones de pesos. Sin embargo, el gobierno dejaría de recaudar 100 mil millones en impuestos y retenciones que podrían aportar el sector agroexportador y las grandes empresas, que tienen altísimas rentabilidades.

Para evitar esa desigualdad está el Estado. Eso es hacer política, una materia pendiente en los CEOs que conducen al país como si fuera su propia empresa.