“El CUS es tan grave como parece”

El gobierno anunció la implementación de la Cobertura Universal de Salud que tendrá su prueba de fuego en la provincia de Mendoza y generó fuertes críticas, ya que sería un sistema que tendiente a la privatización de la salud y la restricción de la atención universal, al contrario de lo que su nombre indica. Para Ernesto Gagliano, ex titular de DASPU y médico sanitarista, “es ponerle límites a un sistema de acceso universal que tiene más de 70 años en Argentina y transformarlo en un seguro acotado”.

Al igual que otros especialistas, consideró que las prestaciones cubiertas son muy pocas y le requerirán a la gente un esfuerzo económico por algo que ahora es gratuito: “Se le daría una credencial a la gente sin obra social ni prepaga para acceder a lo que ya tienen derecho, que es un sistema público de prestaciones. Con eso, tendrían acceso a una canasta básica, que todavía no se conoce”. El problema es que esa canasta será sumamente acotada, por lo que “lo que vaya por fuera lo tendrá que resolver el bolsillo de los trabajadores o los estados provinciales por su cuenta”.

El sanitarista recordó que nuestra provincia ya pasó por una experiencia similar durante la gobernación de Ramón Bautista Mestre, cuando “la gente se tenía que afiliar al IPAM”. Por otra parte, señaló que el sistema incorpora cosas ya discutidas en el país: “Se habla de una historia clínica única y digitalizada, de relaciones entre el primer nivel de atención y los hospitales con mayor nivel de complejidad. Son cosas que en el país tienen décadas de debate”.

El médico puso el foco en la nueva agencia que creará el gobierno para modificar el Programa Médico Obligatorio. El PMO son las prestaciones que, por obligación, deben cubrir obras sociales y prepagas. “Que haya sectores de la CGT apoyando el proyecto tiene que ver con esto”, dijo Gagliano, ya que el PMO se achicaría, generándole menos costos a las obras sociales sindicales y restringiendo atención. Esta fue una de las cartas del gobierno a la hora de negociar el freno al paro general, y que la CGT aceptó. Gagliano recordó el caso de Colombia: “Va a suceder lo que pasó allá: una catarata de juicios interminables a las obras sociales y al Estado por la no garantía del Derecho a la Salud y a la Vida”.

Entonces, el interrogante que flota es quiénes son los ganadores de este modelo. “No parece solucionarle el problema a nadie salvo a unos sectores que pueden hacer enormes diferencias con esta propuesta. Sectores concentrados para los que la enfermedad es una mercancía y no un derecho“, se quejó Gagliano.