“El dictamen no afecta en nada el derecho al aborto en Córdoba”
Rocío García Garro, coordinadora del área legal de CDD, aseguró que el dictamen del fiscal general Juan Manuel Delgado es solo una opinión que el TSJ puede o no tomar en cuenta. Sin embargo, recordó que las organizaciones solicitaron el apartamiento del funcionario antes de que firmara el pedido debido a su reconocida postura antiderechos.
jueves, 12-agosto-2021

La abogada feminista Rocío García Garro aclaró que el dictamen del fiscal general es solo una opinión de una las partes involucradas en la apelación a la IVE presentada por Aurelio García Elorrio.
Así como impidió la aplicación del protocolo de procedimiento para la práctica del aborto no punible (ILE) durante 6 años en nuestra provincia, Aurelio García Elorrio continúa ahora su batalla en contra de la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobada en diciembre del año pasado.
El actual precandidato a senador nacional por Encuentro Vecinal Córdoba apeló la decisión de la Cámara – que rechazó las medidas cautelares presentadas por él – al Tribunal Superior de Justicia y, es en ese marco, que el fiscal general Juan Manuel Delgado firmó un dictamen en donde solicita la suspensión de la IVE hasta que se resuelva la causa.
Consultada por Al Revés, Rocío García Garro, coordinadora del área legal de Católicas por el Derecho a Decidir, aclaró el panorama con relación a los derechos de las personas gestantes. “El dictamen no afecta en nada el derecho al aborto en Córdoba”, aseguró. “Es una opinión más de una de las partes involucradas que el TSJ puede tomar en cuenta o no al momento de resolver”, agregó.
En ese sentido, remarcó que lo que continúa vigente – hasta ahora – es la decisión de la Cámara que decidió no hace lugar a esas medidas cautelares presentadas por García Elorrio. De todas maneras, consideró que la resolución del TSJ probablemente continúe la misma línea jurisprudencial del año 2018, cuando se pronunció a favor de la ILE.
Sin embargo, la abogada feminista manifestó su preocupación por la falta de respuesta ante el pedido de apartamiento del fiscal general que presentaron las organizaciones – Fundeps, CDD y la Clínica de Litigio de Interés Público – antes del dictamen. “Solicitamos la recusación porque es un conocido antiderechos y, al momento de asumir el cargo, ya adelantó opinión”, precisó. “Sin haberse resuelto esa situación, firma el dictamen con otro fiscal para guardar las formalidades”, señaló.