“El DNU de Macri va a generar más impunidad”

El anuncio del Presidente sobre la extinción de dominio generó fuertes críticas entre los especialistas en delitos económicos. Nicolás Maccione es abogado, profesor de la UNC y miembro del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica. “Es inconstitucional y no contempla los delitos más graves, como la evasión tributaria, la fuga de capitales, la delincuencia financiera”.

 viernes, 25-enero-2019

Macri y sus ministros al momento de anunciar un DNU muy cuestionado.


“El que las hace las paga”, dijo Macri sin sonrojarse al momento de anunciar el Decreto de Necesidad y Urgencia sobre la extinción de dominio. Un instrumento supuestamente elaborado para luchar contra los delitos de la corrupción y el crimen organizado. No es su apellido el paradigma de la blancura, todo lo contrario: aparece en múltiples causas de corrupción.

Además de ser inconstitucional porque el presidente no puede intervenir en materia penal -por más que se justifique que el DNU es para procesos civiles-, los especialistas en delitos económicos salieron a cuestionar un anuncio al que consideraron “de un gran oportunismo electoral”, totalmente ineficaz para combatir los delitos para el que fue creado. Tantas fueron las críticas, que ahora el gobierno enviará el DNU para que sea tratado en el Congreso, el ámbito constitucional para hacerlo.

Nicolás Maccione es abogado, profesor en la UNC y miembro del Centro de Estudios de Criminalidad Económica. Desde ese lugar es que habla con Al Revés: “En el Anexo del Decreto, en los artículos 5, 6, 7, 9 y 10 hay errores técnicos que son un retroceso en un tema como la extinción de dominio, que creemos es de vital importancia legislar. Así lo ha hecho Chile, Paraguay y Colombia con resultados muy buenos”.

Entre los errores que resalta el especialista, está que el DNU de Macri no contempla los delitos de evasión tributaria, que es uno de los hechos de corrupción más importantes de Argentina, tipificados en los artículos 309 y 310 del Código Penal. “La extinción de dominio establecida por el Decreto tampoco hace referencia a delitos cambiarios ni de mercados de capitales, lo que constituye una contradicción al espíritu que funda el decreto de necesidad publicado”, advierten desde CIPCE.

Para ilustrar que el anuncio no tuvo otro fin que un golpe de efecto electoral sobre un tema muy técnico, pero que suena impactante a los oídos ciudadanos, el CIPCE se basó en datos oficiales. En un comunicado, informó que sólo 200 mil pesos es el dinero embargado en causas de corrupción, pero en el 2018 se fugaron del país 27.320 millones de dólares.

Fábrica de nulidades

Otro argumento de Macri fue darle “herramientas a la justicia” para “acelerar las causas”. Sin embargo, el DNU va en sentido contrario: “Nos interesa expresar nuestra profunda preocupación acerca de la inconstitucionalidad de un decreto de necesidad y urgencia que daría lugar a que en el futuro se instale una fábrica de nulidades procesales en los ya desprestigiados tribunales de nuestro sistema de justicia federal”, cuestionan desde CIPCE, a la vez que reclaman el urgente tratamiento legislativo para “implementar un esquema de persecución penal estratégica, con mecanismos operativos eficaces en materia de recupero de activos es una materia pendiente del Estado Argentino”.

En otro párrafo, apuntan conta el accionar judicial: “No se puede desconocer que la justicia federal argentina aporta enormes cuotas de impunidad en materia de criminalidad organizada, corrupción y delitos económicos y financieros y que si realmente se quiere cambiar el rumbo es imperioso implementar leyes ya sancionadas como el nuevo Código Procesal Penal o legislar la oralidad en los juicios civiles”.

Maccione aporta números al respecto: “La justicia federal tarda entre 14 y 20 años en descubrir al autor de los hechos, si es que antes no prescriben”. Además, mientras el Código Civil establece un plazo de 15 días para que un acusado responda, el DNU de Macri lo lleva a 30 ¿de qué celeridad habla Macri?

“Es falso lo que dicen el Presidente y sus ministros Bullrich y Garavano. Este decreto habilita una fábrica de nulidades, que funciona en Comodoro Py. Si querés ir en serio contra la corrupción y la impunidad, hay que aplicar el Código Procesal Penal nuevo”, afirma el abogado.

Eso implica procesos orales y por ende más trabajo para los jueces, que prefieren el oscurantismo judicial.

Lo mismo que Macri y los muchachos offshoristas que pululan en su gobierno buscan en las guaridas fiscales, a los fines de multiplicar sus fortunas y evadir impuestos, aprovehcándose de la falta de legislación sobre esas cuevas de dinero negro, que en un porcentaje importante provienen del narcotráfico o lavado de dinero.

Ante la avanzada oficial, los especialistas del CIPCE son contundentes: “Creemos que, observadas cuestiones técnicas del decreto y su anexo, bajo el slogan de una cruzada contra la corrupción, de una justicia moderna, transparente e independiente, se esconde una estrategia de campaña electoral”. Más claro echale agua.