El elefante en papel

Mientras todas las miradas estaban puestas en el Congreso, donde la Argentina daba vuelta una página de su historia, el gobierno hizo pasar a espaldas de los ojos argentinos el elefante más temido: el ajuste que vendrá a partir del acuerdo con el FMI. Todos los detalles están plasmados en una carta de intención que el Ejecutivo envió al organismo multilateral de crédito, que se difundió ayer y que lleva la firma de Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger, que con esa misma la lapicera firmó horas después su renuncia.

Las 33 páginas de la carta junto a los dos anexos que la acompañan establecen los términos del brutal ajuste que vendrá de la mano de los 50 mil millones de dólares que enviarán Christine Lagarde y compañía.

La carta habla de “racionalizar el empleo público”, un eufemismo para luego pasar al filo de la tijera. Según dice la carta, buscará que el gasto en personal caiga de 3,2 por ciento del PBI en 2017 a 2,7 por ciento hacia el final del programa. Las propuestas para lograron son: “No renovar cargos en puestos no prioritarios, congelar las nuevas contrataciones en el gobierno nacional durante dos años y eliminar las posiciones redundantes”. Añadido a esto, habrá recorte de presupuesto para las empresas públicas, donde se habla de “cancelación de contratos existentes”.

Otro de los capítulos más controvertidos y dolorosos es el que se refiere a los jubilados y los fondos de la Anses. El memorándum promete “amortizar activos de los fondos de pensión que se encuentran actualmente en posesión del gobierno como un medio para ayudar a financiar el pago de pensiones, incluyendo aquellas en la Ley de Reparación Histórica”. Así, se afectaría el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, una reserva que tienen los jubilados y los sectores vulnerables para afrontar frentes de tormenta.

Dentro de la cuestión jubilatoria, la promesa del gobierno al FMI incluye “introducir mejoras en el sistema de pensiones que lo hagan financieramente sostenible y más justo”. Un eufemismo para poner el barco apuntando hacia el mismo punto cardinal de la reforma previsional de diciembre pasado.

La obra pública también se verá afectada. El gobierno propone anular todos aquellos que no sean “proyectos de obra pública esenciales para dinamizar la competitividad de nuestro país”.

Y para completar el combo, la promesa de que el camino del tarifazo seguirá. En su frenética idea de reducción del déficit fiscal, el Ejecutivo se comprometió a reducir subsidios en materia de transporte y energía en 1,1 por ciento del PBI. Según el esquema que establece la carta, buscan que el costo del gas cubierto por los consumidores pase de 80 por ciento en 2017 a 90 por ciento en 2020. Para la energía, la aceleración será mayor: de 60 por ciento en 2017 a 90 por ciento en 2020.