El Gran Hermano Marcos

Por Camilo Ratti

“¿Con qué objetivo tiene acceso a esa base de datos el jefe de gabinete? No creo que una base de datos personales deba dejarse bajo control de alguna dependencia del gobierno, excepto que tenga algún fin específico”, sostiene Javier Blanco, profesor titular de Famaf y Director de la Maestría en Tecnología, Políticas y Culturas del CEA-UNC, ante la decisión de Macri de modificar la Ley de Ministerios que puso bajo la órbita de Marcos Peña la Agencia de Acceso a la Información Pública.

Publicado en el Boletín Oficial, el DNU 746 que firmó Macri modificó varias leyes –entre ellas la Ley de Ministerios-, y le quitó al ministerio de Justicia la función de Protección de Datos Personales para ubicarlo entre las funciones del Jefe de Gabinete. Según estos cambios, la Agencia deberá “fiscalizar la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre”.

En un mundo donde la información privada es cada vez más difícil de proteger, Blanco advierte que “es indispensable el control de la sociedad civil para poder opinar y controlar el uso de esa información personal, ya que la venta de base de datos es algo que se realiza desde hace mucho tiempo”.

Según el especialista, “existen muchas organizaciones de la sociedad civil que se enfocan en el tema de manejo de grandes datos, desde perspectivas técnicas legales, comunicacionales, políticas, que pueden aportar modos más claros de contralor y garantizar los derechos ciudadanos respecto de los datos”.

En el marco de un gobierno que desarrolla una sofisticada política de comunicación basada en el uso de información personal, y cuyo responsable político es precisamente Marcos Peña, el el profesor de Famaf afirma que el control de información sensible “son formas de interpelar a la gente y producir discursos personalizados, tanto desde el punto comercial como de construcción política. Y esta decisión de Macri se refuerza con el Jefe de Gabinete, porque las posibilidades de esa información son muchísimas, y da un poder de propaganda muy grande”.

Blanco remarca que “esto empezó con el marketing comercial asociado a las redes y tuvo un éxito enorme, y es una de las herramientas fundamentales del gobierno para orientar voluntades”.

Monitoreo ciudadano

El decreto modificó también la ley de Derecho de Acceso a la Información Pública, aprobada el año pasado por el Congreso, con el objetivo de “garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover medidas de transparencia activa y actuar como Autoridad de Aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326”.

Pero el profesor de Famaf se pregunta: “Quién tiene acceso a qué información, no está asegurado. Hoy muchas empresas almacenan datos enormes y no están debidamente regulados. Hay un desconocimiento muy grande por parte de la población sobre estos derechos y sobre el derecho a la privacidad, porque la ley de Habeas Data y otras leyes están atrasadas y más su aplicación”.

Blanco explica que existen organizaciones que podrían participar en el control y regulación de esas bases con datos personales: “Está Open Data, pero también Ageia Densi, una asociación de abogados especialistas en el derecho a la información, o Vía Libre, que se ocupa de cuestiones asociadas al software, voto electrónico y propiedad intelectual. Es más, colegas me adelantaron que están pensando presentaciones judiciales por esta decisión del gobierno”.