El gran plan argentino

Con una larga experiencia en el juego de lograr camuflar los intereses empresariales para que parezcan ser de las mayorías, las grandes compañías de telecomunicaciones presentaron batalla al DNU 690/20 que estableció que la telefonía móvil y fija, Internet y la TV por cable son servicios públicos esenciales y, además, colocó un límite del 5% a la suba de las tarifas a partir del 1 de enero de este año.

Además de que Cablevisión violó el decreto y envió facturas con un 20% de aumento, esta semana el juez cordobés Ricardo Bustos Fierro hizo lugar a una medida cautelar presentada por TV Cable Color S.A – una cableoperadora de Río Cuarto – y emitió un fallo en contra de la normativa al considerar que perjudica a la empresa porque no podrá realizar las inversiones necesarias para la prestación del servicio, a pesar de que el gobierno nacional avaló un incremento del 7% para las empresas que tengan menos de 100 mil clientes.

Si bien la Asociación Argentina de Televisión por Cable festejó como un gran triunfo la decisión judicial, desde las organizaciones de usuarios y consumidores bajaron decibeles aclarando que el fallo no alcanza a todo el sector tics y recordaron que hubo cinco resoluciones judiciales más a favor del DNU que no fueron tan difundidas por los medios de comunicación. “Es meramente una opinión alejada de la justicia y que violenta la Constitución y todo el entramado jurídico del país”, señaló Osvaldo Bassano, titular de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC). “Está afectando el patrimonio de seres humanos que están enclaustrados debido a una pandemia. El sistema de internet y de cable ha pasado a ser en el siglo XXI un monopolio que debe ser regulado por el Estado”, agregó.

Por su parte, desde Internauta apuntaron a “la gran estrategia argentina” que llevan adelante los gigantes de las telecomunicaciones como Telecom, Fibertel y Cablevisión. “Lo que hacen estas empresas, sobre todo el holding Clarín, es tirar muchas causas en distintos juzgados a ver si les salen bien y les salió la de Córdoba”, indicó Sergio Salinas Porto. En ese sentido, el representante de la Asociación Argentina de Usuarios de Internet, hizo referencia al “síndrome de Estocolmo” que padecen las empresas más pequeñas del sector. “Siguen la misma lógica de ese patrón que les puso el collar y les dijo que son perros. En lugar de discutir con el gobierno nacional para ver si les deja subir más las tarifas, deberían estar discutiendo cómo hacer para comprar a precios reales el mega a Clarín y Movistar”, remarcó.

La empresa que quiere ser gobierno

A Cablevisión, la autorización del incremento del 5% en las tarifas le ingresó por un oído y le salió por el otro. Envió facturas a sus clientes con una suba del 20%. “Es una estafa. Para aumentar una tarifa, se debe mostrar el balance y una estructura de costos y no lo han hecho. La única excusa es porque ‘no ganan lo suficiente’”, sostuvo el abogado Osvaldo Bassano.

Con una mirada similar, Sergio Salinas Porto estimó que el Enacom “se queda corto” exigiendo sólo que el monopolio retrotraiga el aumento de tarifas al 5%. “Se debería aplicar el artículo 31 de la Ley de Defensa del Consumidor que indica que deberían pagar un 25% cada vez que están cobrando de más. Es decir, tendrían que devolver el 15% más el 25% de eso mal habido”, formuló.

Los límites a los grandes monopolios y el cuestionamiento a la Justicia forman parte del debate. “Una empresa no puede tener más poder que la República”, opinó el titular de Internauta. “Si el Poder Judicial no cambia su rumbo intelectual, va a ser muy difícil la convivencia en el siglo XXI porque no están comprendiendo qué es justicia”, finalizó el representante de ADDUC.