El lado oscuro de los sobreprecios

Ayer el gobierno nacional fue objeto de críticas por la compra – aún no abonada – de alimentos básicos – fideos, arroz, aceite, azúcar y lentejas- con valores por encima de lo que establece la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, admitió esta situación, pero argumentó que los proveedores se le “plantaron” y, frente a la urgencia y el incremento de la asistencia que pasó de 8 a 11 millones de personas, decidió avanzar rápido para contener la emergencia social. A su vez, el presidente Alberto Fernández respaldó al funcionario, solicitó que se modifique la forma de contratación y exigió que a partir de ahora – y de manera retroactiva – todas las licitaciones respeten el tope de los precios máximos fijados a partir de la crisis por la pandemia. “Si hubo un acto ilícito voy a ser el primero en perseguirlo”, aseguró durante una entrevista televisiva.

Sin embargo, el mandatario nacional apuntó contra los “bolseros”: proveedores de alimentos que tenían larga historia en los contratos con el Estado y que ahora “buscaban aprovecharse de la crisis”. En ese sentido, de acuerdo a lo que publican Infobae y Perfil, el principal beneficiario de esta compra de más de 380 millones – con precios que estaban hasta un 37% por encima de los Precios Cuidados – es el Grupo L, propiedad de Víctor Lusardi, que se vio favorecido con la contratación directa de, al menos, dos de sus empresas: Teylem SA, Forain SA. El resto de las firmas “ganadoras” fueron Sol Ganadera SRL y Alimentos Generales SA – con el mismo domicilio – y Copacabana SA y MH Accurso SRL.

El holding de Lusardi logró un lugar de privilegio en la provincia de Buenos Aires desde la época en que era gobernador Daniel Scioli, pero se afianzó durante el gobierno de María Eugenia Vidal, cuando se convirtió en el mayor proveedor de alimentos y artículos de limpieza de la provincia: tenía a cargo el Servicio Alimentario Escolar (SAE) en algunos municipios, el servicio gastronómico en los hospitales provinciales, y la proveeduría de alimentos y limpieza en el Sistema Penitenciario. La firma de Lusardi, además de monopolizar estos rubros, figura como aportante trucho de la campaña política de la ex mandataria, noticia que supuso un escándalo en su momento.

El pool empresarial recibió denuncias de parte del gremio Suteba – que nuclea a los docentes bonaerenses – y de la Comisión Provincial por la Memoria por la falta de alimentación y la mala calidad de los alimentos que enviaban a las escuelas y a los presos. Además, también fue objeto de reclamos por la entrega de cajas navideñas en la provincia de Buenos Aires con un increíble aumento del 145% con respecto al año anterior. Como si fuera poco, el Grupo L fue señalado tanto por el kirchnerismo como por el macrismo por los sobreprecios durante sus respectivos gobiernos. Una práctica común en el holding que, sólo entre el año 2016 y 2017, aumentó su facturación en 731.569.000 de pesos.