16
diciembre
2022
La Autovía Punilla continúa avanzando sobre los derechos de la población gracias a la complicidad judicial.
Desde la Comunidad Indígena de Cosquín, denunciaron que el juez Francisco Martos los desconoció y rechazó la presentación que realizaron las familias propietarias de las tierras.
La decisión afecta el derecho a la consulta de los pueblos originarios establecido en el convenio 169 de la OIT y favorece a la empresa Caminos de las Sierras.
La Autovía Punilla estrenó un nuevo capítulo cuya trama es similar a la de los episodios anteriores.
Esta vez, el nodo del conflicto tiene como víctimas a 4 familias que integran la Comunidad Indígena de Las Tunas en Cosquín.
Propietarias desde 1817, compraron las tierras a una orden religiosa y la transacción quedó certificada en una escritura de la época.
Sin embargo, ahora quedaron presas de la connivencia entre el Poder Judicial y la empresa Caminos de las Sierras.
En el juicio por expropiación que inició la firma, el juez Francisco Martos desconoció la pertenencia de las familias a la comunidad originaria.
De esta manera, impidió la consulta libre, previa y obligatoria que tienen los pueblos originarios y que está contemplada en el Convenio 169 de la OIT al que nuestro país adhirió.
En diálogo con Al Revés, Rocío Loza Serra – abogada de la Comunidad Indígena de Las Tunas – explicó que el magistrado solo les permite presentarse como terceros o como poseedores.
“Les imposibilita ejercer sus derechos, exigir la consulta y defender el territorio arqueológico que existe en el lugar”
Rocío Loza Serra, abogada de la Comunidad Indígena de Las Tunas
Si bien solicitaron la nulidad del proceso, la Justicia considera que están vencidos los plazos de citación – a pesar de las dos presentaciones que realizó la comunidad – y allana el camino para la empresa.
El caso de las familias de Las Tunas recuerda lo que sucedido con la comunidad comechingona Pluma Blanca cerca de Candonga.
A mediados de este año, la abogada Natalia Bilbao consiguió una audiencia pública que logró suspender el desalojo de la familia de Carlos López.
Habitaban el lugar desde hace 40 años y fueron víctimas de hostigamientos y múltiples violencias.
En julio de este año, el juez Luis Belitzky suspendió la orden de desalojo e hizo lugar al pedido de aplicación del derecho indígena luego de escuchar a representantxs de la comunidad, académicxs y referentes de organizaciones sociales y del Estado.
Teniendo como antecedente esta instancia, la abogada Rocío Loza Serra espera que el próximo viernes 16 de diciembre la Justicia se digne a escuchar a todos los actores sociales implicados.
“Además de dividir sus territorios, la expropiación perjudicará el modo de vida de las familias. La mayoría se dedica al trabajo rural y a la agricultura de baja escala”
Rocío Loza Serra
La posibilidad de aplicar la ley y respetar los derechos de los pueblos indígenas aparece otra vez y está en manos de un juez.
*Mañana viernes 16 de diciembre a las 10.00hs convocan a la comunidad en general a frenar el avance de la Autovía Punilla y a exigir una audiencia pública para las familias indígenas. La cita es en Catamarca 167, Juzgado Civil y Comercial de 2° nominación, Sec. 3, Tribunales de Cosquín, a cargo del Juez Martos.
17
enero
2023
6
enero
2023
