El norte también resiste

13
octubre
2021

El norte también resiste

Cuando se daba todo por perdido, la justicia suspendió un desalojo en el norte de Córdoba.

Tuvo en cuenta la situación de vulnerabilidad de derechos de Argelia Sánchez y Antonio Pérez que, por ahora, podrán permanecer en la tierra que habitan y trabajan desde hace más de 30 años.

El pequeño triunfo llegó luego de que el Movimiento Campesino asumiera la defensa de la familia y articulara con distintos organismos del Estado provincial y nacional.

Conflictos de tierra a la orden

El norte de Córdoba resiste como puede. Además de ser castigado por el fuego, sus habitantes padecen la extensión de la frontera agropecuaria desde hace más de 20 años. La ecuación es simple: a mayor fomento a la producción, mayor perjuicio a las familias campesinas.

Ni la pandemia logró evitar el “progreso” de los juicios por posesión de tierras. De los catorce casos judicializados que existen en la región – sin contar las familias que no están organizadas dentro del Movimiento Campesino Córdoba – hay cinco con órdenes de desalojo.

Pero la semana pasada se despejó un poco el panorama.

El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial notificó por escrito – algo inédito – la suspensión del desalojo de la familia de Argelia Sánchez y Antonio Pérez: dos trabajadores campesinos que viven en el territorio desde hace más de 30 años.

La medida no establece un plazo de tiempo determinado y fue tomada atendiendo la situación de vulnerabilidad de derechos en la que se encuentra la familia. “No es un contexto para un desalojo”, señaló a Al Revés Juan Villalba, integrante del Movimiento Campesino de Córdoba.  

“Era un juicio perdido y hoy es un mínimo triunfo”

Victoria Gauna, abogada de la familia.
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Argelia Sánchez había confesado que, si los desalojaban, se quedaban en la calle

Para la familia, la resolución judicial es una muy buena noticia. “Nos pusimos muy contentos. Festejamos y le agradecimos mucho a Juan y a Victoria por todo lo que hicieron”, manifestó emocionado Antonio Pérez.

El hombre nació en el campo donde vive actualmente. Allí armó su vida con Argelia y, juntos, criaron a sus ocho hijes. “Siempre trabajé haciendo changas y desde hace unos años tengo mis cabritas, ovejitas y chanchitos para nuestra subsistencia”, detalló en diálogo con Al Revés.

“Si la Justicia fallaba en contra, íbamos a ir a parar debajo de una planta”

Antonio Pérez

Durante los ocho años que duró el juicio, sufrieron algunas situaciones complicadas que fueron denunciadas oportunamente. Según relataron, les cortaron el alambrado y rompieron el candado de la vivienda en una ocasión. Quienes disputan la propiedad del campo, también merodearon el lugar con una escopeta como una manera de infundir miedo a la familia.

Las patas del Estado

La disposición judicial llegó luego de que el Movimiento Campesino asumiera la defensa y buscase la articulación con otros organismos del Estado como la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos de Córdoba, la Oficina de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia y el Centro de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación.

“El intendente de Avellaneda, Pedro Lauret, también se comprometió a construir una vivienda para la familia. Pero aquí lo importante es que puedan seguir teniendo sus animales y trabajando la tierra”, explicó Villalba.

El campo de casi siete hectáreas, ubicado en el Paraje Juan García, fue vendido por migajas en la década del ’80 a una familia de productores ganaderos a través de un boleto de compra-venta que Pérez firmó sin saber leer ni escribir.

Sin que exista voluntad de negociar por parte de los demandantes, ahora el camino a seguir es continuar buscando canales de diálogo. Tanto Gauna como Villalba remarcaron la urgente necesidad de que la Provincia reglamente la Ley de Agricultura Familiar.

“Además de asignar un presupuesto que favorece el arraigo de las familias en el campo, la ley plantea que las tierras campesinas-indígenas dedicadas a la agricultura son un bien social. Esa es la base para poder avanzar”, explicaron.

“Sin su producción, la familia no vive”

Victoria Gauna, integrante del MCC y abogada de la familia.

A la voracidad de los grandes latifundistas, se le suma la falta de regularización de títulos de propiedad ancestrales y la ausencia de programas de acceso a la tierra. “No queremos que la familia deje de criar sus animales y trabajar la tierra. Es una familia menos bajo la línea de la pobreza”, finalizó Villalba. 

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Antonio Pérez en su campo y con sus animales

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