El peor de la clase
El gobierno nacional recortó mil millones de pesos del presupuesto de las universidades nacionales en el primer semestre del 2018, y el nivel de subejecución es el más alto de los últimos 3 años, según un informe de Conadu en base a datos del Ministerio de Hacienda de la Nación. En materia salarial, entre octubre del 2015 y junio pasado, la pérdida de poder adquisitivo promedia el 15% y aumenta al 22% si se toma en cuenta el 31,5% de inflación que el gobierno reconoció al FMI para fin de año. Las clases no comenzarían en agosto.
jueves, 12-julio-2018
Por Camilo Ratti
El de Macri es el primer gobierno nacional que tiene un presidente que no se graduó en alguna de las 56 universidades nacionales, públicas y gratuitas que hoy existen en Argentina. Recibido en la Universidad Católica Argentina en 1984, el ingeniero es uno de los que se salvó de “caer en la educación pública”, según las propias palabras de Macri cuando los docentes eran apaleados por la policía metropolitana de Rodríguez Larreta frente al Congreso, en 2017.
Con esos pergaminos, no es de sorprender que su administración haya bajado el porcentaje del PBI destinado a educación superior: del 0,87% que había en 2015, al 0,77% actual. A principios de este año, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, había adelantado informalmente a los rectores nacionales un recorte de 3 mil millones de pesos en el marco de una reunión con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Una parte de esa promesa se cumplió: en los primeros seis meses del 2018, el gobierno de su jefe Mauricio recortó más de mil millones de pesos del presupuesto destinado a las universidades nacionales, según un informe del Instituto de Estudios y Capacitación de la Conadu, en base a datos del Ministerio de Hacienda de la Nación.
De este total, 655,9 millones fueron quitados del presupuesto de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) y otros 400 millones a otros programas y jurisdicciones. Este tijeretazo en la SPU, afecta en un 90% a las áreas de Proyectos Especiales, un 40% a Infraestructura y un 31,2% a la gestión y apoyo a las políticas de educación superior, entre los puntos más sobresalientes del ajuste.
Después de doce años de crecimiento presupuestario, desde que asumió Macri el porcentaje del PBI destinado a educación superior bajó.
Subejecución
Además del recorte ya efectivizado, el otro gran problema que advierte el informe de Conadu, es que el nivel de ejecución al 30 de junio “fue más bajo que el alcanzado en los últimos tres años, producto de la reducción del crédito y la subejecución presupuestaria”.
Por eso, al finalizar el primer semestre, la SPU no había pagado el 24,9% del gasto comprometido para este período del año, lo que lleva la deuda que exigen las universidades a la friolera de 13.552 millones de pesos, un 12,63% del presupuesto total aprobado para el 2018.
Las consecuencias de un dinero que está contablemente asentado en la SPU pero que no ha sido transferido a las universidades en los tiempos correspondientes, afectan en un 100% al desarrollo de Proyectos Especiales, un 93,7% al Programa Bec.Ar (becas de estudio), un 73,3% para gastos de funcionamiento, un 53,5% para investigación de los docentes universitarios y un 49,5% para el financiamiento de los hospitales universitarios, donde no sólo se hacen prácticas, sino que forman parte del sistema pública de salud.
La subejecución del presupuesto aprobado pora las universidades es el más alto en los últimos tres años.
“El gobierno de Macri recortó fondos que habían sido aprobados en el presupuesto, subejecuta partidas y demora en transferir fondos, lo que complica muchísimo el funcionamiento de las universidades, que tienen que pagar alquileres, servicios, mantenimiento. Por eso es importante que éstas denuncien la situación, como lo hicieron las universidades de Río Cuarto, la Arturo Jauretche en Buenos Aires, la del Comahue y la Tecnológica”, remarcó a este portal Yamile Socolovsky, de Conadu.
La referente gremial recordó que “las universidades terminaron el año pasado con una deuda de 10 mil millones de pesos porque el gobierno no transfirió los fondos que habían sido aprobados en el presupuesto”.
Salarios por el piso
La inflación sin control es otro golpe al bolsillo de los trabajadores universitarios, quienes anunciaron que no retomarán las clases en agosto si el gobierno no convoca a una nueva reunión paritaria. La última oferta fue un 15% de aumento en 4 cuotas, lo que fue rechazado de plano por todas las federaciones de docentes universitarios.
La decisión es tomar exámenes hasta el 6 de agosto y el 10 se reunirán en Buenos Aires los secretarios generales que integran Conadu, con la intención de definir un plan de acción.
El ítem salarios –tanto de docentes como de nodocentes-, concentra el 90% del presupuesto de la SPU. Según cálculos del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA-CTA) “entre octubre 2015 y junio del 2018, la pérdida promedio del salario de los docentes universitarios es del 15%”.
Sin embargo, con la propuesta que el gobierno realizó en la última reunión paritaria, y tomando en cuenta una inflación que según el propio gobierno le dijo al FMI será del 31,5% a fin de año, la pérdida del poder adquisitivo del salario docente treparía al 22%.