El pueblo quiere saber de qué se trata

El jueves pasado publicamos en este portal que las siderales tarifas de gas que empezaron a llegar en los hogares, violaban el criterio de “razonabilidad” que había fijado la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre los aumentos autorizados por el ministerio de Energía que conduce Juan José Aranguren, ¿ex? CEO de Shell.

Una presentación judicial del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) realizada en el juzgado de La Plata, busca demostrar por primera vez con cifras fundadas por qué no es razonable el aumento de las tarifas de gas. En esa documentación, los autores citan información brindada por YPF, la principal productora de gas del país, a un organismo estadounidense (la Comision Nacional de Valores de ese país), en la que consta que el costo del gas en boca de pozo (técnicamente llamado PIST) oscila los 2 dólares, muy lejos de los 6,80 fijados por Aranguren para los usuarios.

“Nosotros creemos que dos resoluciones del ministro de Energía de la Nación con los aumentos en el gas son inconstitucionales”.

Mariano Lovelli, abogado y presidente delCentro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis)

Como precisó a Al Revés Horacio Viqueira, el abogado que representa a los amparistas cordobeses en la justicia, “los valores astronómicos, brutales, que los argentinos pagamos en las facturas, está dado porque Aranguren fijó el precio del gas en función de lo que cuesta el gas natural licuado (GNL), que se importa y que cuesta 6,80 dólares, más del triple de lo que cuesta producirlo en el país e inclusie el que importamos desde Bolivia, que ronda los 3 dólares”.

“Nosotros creemos que dos resoluciones del ministro con los aumentos en el gas son inconstitucionales”, dijo Mariano Lovelli, abogado y patrocinante del Cepis, al diario Página/12. “Entonces nos dirigimos a la Justicia y pedimos que eche luz en un sitio que a nuestro juicio produce oscuridad, porque los argumentos utilizados para el aumento de tarifas no se sostienen lógicamente, ni recogieron toda la riqueza vertida en las audiencias públicas que el ministro debió convocar después de que la Corte Suprema nos dio la razón con un fallo”, afirmó Lovelli.“Y encima esos argumentos fueron usados para fijar tarifas confiscatorias”.

“Entendemos que el precio irrazonable establecido para el PIST causa que los usuarios vean afectados sus derechos humanos reconocidos constitucional y supraconstitucionalmente”, dice el texto del Cepis. Para los demandantes lo que el Poder Ejecutivo no explicó ni en las audiencias ni en las resoluciones, “fue la rentabilidad que han conseguido las empresas en función de la aplicación de las mencionadas resoluciones ministeriales, claramente ilegales”. Sin embargo, tanto YPF como Total y otras empresas petroleras coincidieron en una notable mejoría del sector a partir del 2013 con la puesta en marcha del programa Plan Gas Plus.

Todo cambió con Juanjo

Alejandro Nicola, ministro de Energía de Neuquén, provincia que concentra el 50 por ciento de la producción gasífera argentina, sostuvo que a partir de ese programa el país pudo ahorrar 4200 millones de dólares en importación de energía. “Esa mejora y recuperación en la producción de gas se dio sin modificaciones a los precios de las tarifas que pagaba todo el universo de usuarios y consumidores”, como residenciales, comercios, industrias y entidades de bien público.

Pero con Macri llegó Aranguren, ex presidente de Shell argentina, y el panorama cambió, como los planes de negocios de esa multinacional, que anunció su intención de redireccionar sus inversiones a la producción de gas, y, como otras empresas extranjeras, se frota las manos para ingresar a Vaca Muerta, la segunda reserva de shal gas del mundo.