El sector discapacidad no aguanta más

Mientras la crisis empieza a forzar el cierre de instituciones de esta rama de la salud, el Gobierno dispone 65 millones de pesos para la organización de la Cumbre Mundial de la Discapacidad. En el campo real, se adeudan pagos de 2017 y las actualizaciones arancelarias son del 12 %, muy por debajo de la inflación. Mañana reclamarán frente a la Quinta de Olivos.

 miércoles, 15-mayo-2019

El sector discapacidad llevará su reclamo a las puertas mismas de la Quinta de Olivos, para que el presidente no pueda mirar para otro lado.


El de la discapacidad es uno de los sectores más sensibles de la salud, por obvias razones. La crisis económica y la falta de políticas públicas lo pusieron en una situación límite. Por eso, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad –en Córdoba representado por la Federación Converger- convocó a una protesta para mañana a las 10.30 frente a la Quinta Presidencial de Olivos en rechazo al ajuste que viene sufriendo el sector.

“Hoy, el Estado no da prestaciones, sólo regula y fiscaliza, y las condiciones económicas de las ONG que dan las prestaciones las hacen inviables. Van a la quiebra”, comentó a este portal el Dr. Ernesto Gagliano, titular del Establecimiento Privado de Asistencia y Rehabilitación (EPAR).

Hay algunos puntos centrales que hacen a la vulnerabilidad de la estructura de atención a las personas con discapacidad. El principal es la supresión de las pensiones por invalidez en 2016 y 2017, algo que la Justicia ordenó revertir, pero el Gobierno planteó incompatibilidades insistiendo en el decreto 432 del año 1997, que no respeta lo establecido por la Convención Internacional de los Derechos de las personas con discapacidad.

La gestión Macri también dispuso la exigencia de certificado de salud digital que establezca el grado de discapacidad de las personas, en el cual interviene un médico laboralista. “Es una barbaridad, en algunas zonas de nuestra provincia hay un médico laboralista en toda una ciudad que es cabecera de departamento”, indicó Gagliano. El sistema mantiene deudas con los prestadores desde el año 2017 en el marco del programa Incluir Salud y, además, la actualización arancelaria para las prestaciones actuales tuvo un aumento del 12 %, con el cual se deben cubrir las subas de costos de todo 2018 y lo que va de 2019, donde hubo una inflación cinco veces mayor. Por último, el transporte para personas con discapacidad se provincializó, tras lo cual comenzó a haber una enorme falta de respuestas, dicen quienes trabajan con estos pacientes.

“El Gobierno hizo una política desastrosa. La Agencia Nacional de Discapacidad, bajo la órbita de Michetti, es un ‘Frankestein’. Ponen gente que desconoce las problemáticas”, se quejó Gagliano, y agregó que por la crisis “el cierre de instituciones ya empezó a suceder, al igual que lo que pasa en la economía con comercios o industrias”. Hay hogares que contienen a personas las 24 horas del día y los 365 días al año y están en riesgo de cierre. “Es un panorama complejo y en una situación en la que no se puede esperar mucho tiempo más”, comentó el especialista.

La gota de 65 millones que rebalsó el vaso

Mientras en el sector se vive esta situación, el Gobierno dispuso destinar 65 millones de pesos para el “servicio integral para la producción y organización para la Cumbre Mundial de Discapacidad 2019”. La resolución, del 8 de mayo, lleva la firma de Santiago Ibarzábal, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad. En paralelo, las instituciones y las personas que efectivamente trabajan con las personas con discapacidad hacen lo posible para no bajar la persiana.